El diputado colorado cartista Raúl Latorre presentó ayer un proyecto de ley que castiga a las personas que hayan tenido condenas por corrupción o hechos similares. De aprobarse la iniciativa, no podrán presentar candidaturas a cargos electivos mientras dure la condena y como máximo hasta 20 años después de haberla cumplido.
La idea inicial fue del diputado Carlos Rejala, quien había anunciado la intención pero no presentó aún proyecto alguno. Hoy, en conversación con ABC, comentó que estaban conversando con Latorre para presentar un proyecto conjunto, pero el colorado se adelantó.
Consultado si esta suerte de plagio lo molestaba, sostuvo que no, porque consideraba importante que un sector del Partido Colorado, en este caso el comandado por Horacio Cartes, impulse la iniciativa.
“Me comuniqué con él y me dijo que se dio la casualidad; me dijo que pensamos juntos, increíblemente. Tiene mucho de similitud, habíamos compartido los detalles. Habíamos hecho un encuentro virtual para tratar las cosas en común y presentar un proyecto conjunto”, indicó Rejala.
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“No (le molestó que Latorre se haya adelantado); es más, en nuestro país hay muchos proyectos que no sirven para nada y en este caso ver que desde un sector del Partido Colorado me deja con muy buenas ganas. No es un proyecto fácil este”, añadió.
Para el legislador, “corresponde alejarse de las viejas prácticas” e indicó que en eso se centra el proyecto. “Yo le agradecí (a Latorre)”, confesó.
Según Rejala, su intención es también que la persona condenada por corrupción o hechos similares tampoco pueda participar de, por ejemplo, licitaciones públicas. Recordó el caso de los insumos chinos traídos por las empresas Imedic y Eurotec, del clan de Justo Ferreira, en que las firmas son suspendidas pero no hay castigo alguno para las personas físicas. “Estos empresarios tienen 14 empresas además de esas”, indicó, en el sentido de que no existe castigo tangible.
El proyecto en cuestión establece que el juez a cargo de dictar la condena podrá imponer la pena complementaria de la inhabilitación a pedido del Ministerio Público.
No obstante, aclara que la sanción no es permanente, sino que como mínimo podrá abarcar el tiempo que dure la sanción principal y como máximo hasta 20 años posteriores al cumplimiento de la condena principal.
La propuesta apunta a que el parámetro de aplicar o no la pena complementaria, así como el tiempo por el cual se extenderá, se basará en el Art. 65 del Código Penal y la jerarquía del autor en la función pública.