Siete empresas sumariadas por fraude y explotación con suspensión de contratos

Siete empresas están siendo sumariadas porque una fiscalización reveló que hacían trabajar irregularmente a sus empleados a pesar de que el Ministerio de Trabajo les concedió la suspensión de los contratos para que los afectados cobren del Instituto de Previsión Social (IPS) una compensación por cesación temporal. También hay denuncias falsas que entorpecen las verificaciones de la institución,

Controles Ministerio de Trabajo sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias por la COVID-19.
Controles Ministerio de Trabajo sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias por la COVID-19.Gentileza, MTESS

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) recibió poco más de 20 denuncias contra empresas con empleados a los que se les suspendió sus contratos laborales y que igualmente le exigen a los obreros que trabajen, informó en ABC el viceministro del Trabajo, Luis Orué.

Explicó que hasta el momento constataron durante fiscalizaciones que en siete empresas estaban trabajando irregularmente empleados que estaban suspendidos y cobraban el subsidio del Instituto de Previsión Social (IPS). A cinco ya se les abrió un sumario administrativo y a las otras dos, que son más recientes, se iniciará hoy la investigación, indicó Orué.

“Hay empresas que comunicaron la suspensión (...) y le hacen trabajar a sus trabajadores, cosa que es totalmente irregular. Es un signo de alerta, es un llamado de atención para nosotros que nos hace que verifiquemos a la empresa, que fiscalicemos a la empresa y una vez concluido, porque existe todo un procedimiento sumario que debe ocurrir, entonces sancionamos a la empresa como corresponde”, sostuvo el viceministro.

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Además de fiscalizar irregularidades sobre la suspensión de los contratos, en la fiscalización también se verifican otros puntos como el seguro social, el cumplimiento de las jornadas de 8 horas y el respeto a otros derechos consagrados en el Código Laboral. Por cada infracción la ley establece una multa de entre 10 y 30 jornales por cada trabajador, detalló Luis Orué.

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Agregó que las firmas que hacían fraude y explotaban a los trabajadores son pequeñas y medianas empresas.

Y si bien hay más de 20 reportes sobre estas irregularidades, también se constataron que muchas denuncias eran falsas. El viceministro dijo que hay personas que dejan denuncias anónimas con el único objetivo de tratar de perjudicar a su competencia empresarial.

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Por otro lado, indicó que están limitados por la cantidad de personal y las denuncias falsas solo entorpecen la labor de la cartera de Estado. Informó que el Ministerio de Trabajo cuenta con 14 fiscalizadores, que están en grupos, ya que también se hacen controles aleatorios a empresas sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la expansión de la pandemia del COVID-19, entre otros procedimientos.

También dijo que están pidiendo a Hacienda y al Congreso más recursos en el presupuesto del MTESS a fin de contratar más fiscalizadores y agilizar la labor de verificación en las empresas.

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