El pasado viernes un grupo de dirigentes colorados entre los que se encuentran Federico Gomez, Atilio Giménez, Pablo Ortiz, Juan Ramón Bueno Jara, entre otros, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra sus correligionarios, diputados Pedro Alliana, Hugo Ramírez, Basilio Núñez, Justo Zacarías, Freddy D’Ecclesiis, Pastor Soria, Rocío Abed, Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Carlos Núñez, Roberto González, Hugo Ibarra, Del Pilar Medina, Néstor Ferrer, Blanca Vargas, Rubén Balbuena, Edgar Ortiz y Andrés Rojas Feris.
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La denuncia tiene que ver con la violación del artículo 3 de la Constitución Nacional y por la comisión de hechos punibles contra órganos constitucionales, tipificados en el artículo 286 y 287 del Código Penal, por el intento de tomar intervención como terceros interesados en la acción de inconstitucionalidad deducida por la Contraloría General de la República ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de frenar el acceso a las declaraciones juradas de autoridades del Estado.
Al respecto, el Dr. Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista y exsenador, consideró que la presentación de esta denuncia por “gente del mismo partido de aquellos diputados que firmaron, representa un gesto de valentía muy importante”.
En este sentido, señaló que de acuerdo a la legislación, cualquiera pudo haber presentado la denuncia (particulares) o el propio órgano coaccionado, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, que sólo informó al respecto y no accionó.
Este intento de injerencia no prosperó. El día de la sesión en que se trató el tema, el presidente de la Corte, Martínez Simón, denunció que hubo un intento de interferencia nuevamente de políticos para tratar de frenar las declaraciones juradas.
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Estigarribia prosiguió diciendo en diálogo con ABC que la denuncia está basada en el artículo que atenta contra la independencia del Poder Judicial, lo que también podría tener una consecuencia política, ya que podría generarse un proceso de pérdida de investidura por uso indebido de influencias en la Cámara de diputados, donde eventualmente un diputado o grupo de diputados podría plantear esto contra estos los legisladores mencionados.Lea más:
“Yo creo que en una interpretación amplia, se podría dar la figura de la coacción porque aquel que el día de mañana te va a acusar (diputados) es el que hoy te pide intervenir. (...) La investigación fiscal debe girar en torno a eso; coacciona quien puede, no quien quiere, y los diputados pueden tener ese poder de coacción”, cerró Estigarribia.
Vale la pena recordar que recientemente, diputados cartistas, abdistas, liberales llanistas, efrainistas e independientes dieron un duro golpe a la transparencia. Se ratificaron por segunda vez y sancionaron el proyecto de ley que además de restringir la publicidad de las declaraciones juradas, las despenaliza en caso se ser falsas.
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