“No podría negar que el Ministerio de Salud tuvo un embate muy duro desde el punto de vista de administración. Fue criticado el hecho de que Salud tenga una ejecución del 4%”, consideró Juan Ernesto Villamayor con respecto a los cuestionamientos y la pérdida de credibilidad de la administración de Julio Mazzoleni.
“No se le critica su política en salud ni las decisiones que tomó en el área de salud. A la parte misional del Ministerio de Salud no le veo la crítica. Ahora, sí veo que hay mucha gente que critica la parte administrativa y tiene razón”, manifestó el jefe de Gabinete presidencial.
En ese sentido, pidió que se aprenda a diferenciar bien los cuestionamientos. “Nosotros tenemos que pensar en separar al administrador del ministro, porque ser buen médico no quiere decir ser buen administrador”, opinó. Sobre cómo revertir la pérdida de credibilidad, respondió simplemente: “Trabajando”.
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Por otra parte, habló nuevamente sobre el cuestionado informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 (CESC), que concluyó que no hubo perjuicio al patrimonio estatal en las licitaciones amañadas que fueron canceladas.
“Nadie en su sano juicio puede decir que en la República del Paraguay o en el mundo no hay un daño por el tema coronavirus”, admitió, pero aclaró nuevamente que se debe aprender a separar esa cuestión de los hechos que fueron denunciados pero que no ocasionaron un perjuicio económico a las arcas del Estado porque las licitaciones fueron todas suspendidas.
Por otra parte, dijo que hay licitaciones consideradas direccionadas, pero también hay personas denunciadas ante la Justicia por esos casos. “Claro, si el mismo ministro de Salud las denunció. Y hay personas imputadas y con orden de captura. Francamente, no alcanzo a comprender qué es lo que hay que aclarar”, manifestó ante la prensa.
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Cuestionado informe
Miembros de la Comisión Especial del Gobierno Nacional anunciaron días atrás que descubrieron precios inflados en la compra de elementos médicos durante la crisis por COVID-19. Sin embargo, dijeron que no hubo daño patrimonial porque se anularon varias compras.
La Comisión ya verificó 44 procesos de adquisiciones, a 10 de los cuales ya dieron su acuerdo para el inicio de los llamados para las contrataciones enmarcadas como “urgencias impostergables.
El ministro Arnaldo Giuzzi, quien preside el equipo, dijo que “el fondo a ser supervisado asciende a US$ 514 millones; en base a observaciones de Tributación (SET) hemos recomendado la rescisión de contratos en algunos casos y anulación de llamados en otros por la detección de vicios e irregularidades, la acción correctiva registra en la fecha cero guaraníes en pérdida”, expresó.
Destacó que 32 llamados fueron anulados a sugerencia de esta Comisión, que descubrió una serie de anomalías. Entre los vicios comunes, Giuzzio citó que hallaron diferencias entre las fechas de designación de los miembros del comité de evaluación y la decisión final del citado comité.
La Comisión Especial aseguró que no hubo daño patrimonial y que en el caso de las compras realizadas por Petropar y Dinac fue recuperado el 100% del dinero pero aclararon que no era del fondo para la emergencia sanitaria.
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