El fiscal Juan Olmedo, de la Unidad Especializada de Contrabando de Misiones y Ñeembucú, viene investigando el contrabando de combustible en la región y a raíz de su trabajo recibió hostigamientos, amedrentamientos, chicanas, recusaciones, presencia de vehículos alrededor de su domicilio en San Juan y en la residencia de sus padres y amenazas de muerte a personas que colaboran con la investigación del contrabando de combustible.

Los detalles específicos de los hostigamientos fueron elevados ante los organismos competentes y ante la Fiscalía General del Estado, siguiendo los canales correspondientes.

A través de un comunicado, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay emitió un comunicado en el que rechaza enfáticamente las amenazas recibidas en contra los fiscales, quienes se encuentran al frente de procesos de investigación.

“El acoso y el amedrentamiento mediante el seguimiento con vehículos sin chapa, llamadas telefónicas y cualquier otra forma de hostigamiento constituyen actos que, además de atentar contra los agentes fiscales encargados de investigar los hechos punibles puestos a sus conocimientos, atentan contra el Estado de Derecho y las instituciones democráticas”, señala el comunicado.

Los agentes fiscales del Paraguay recuerdan a la ciudadanía la existencia de mecanismos y resortes legales mediante los cuales se pueden apelar las decisiones judiciales.

También solicitan a la ciudadanía realizar denuncias responsables por los canales correspondientes, si hubiere motivos que ponen en dudas la objetividad de las funciones desempeñadas por representantes del Ministerio Público.

“Nuestra solidaridad con el compañero Juan Olmedo, agente fiscal de la Unidad Especializada en Contrabando, quien ha sido víctima de actos de amedrentamiento y amenazas”, concluye el comunicado.

El fiscal Juan Olmedo viene investigando el esquema de contrabando de combustible que opera en los departamentos de Ñeembucú y Misiones.

El Ministerio Público ha dado un giro en la política penal, que antes solo alcanzaba a perseguir el hecho como delito contra el medio ambiente. Con ello se ha logrado sustraer los procesos penales del ámbito de influencia de la organización, tramitándose los procesos ante la jurisdicción especializada en la capital.

Los medios de transporte son remitidos a Aduanas para el sumario correspondiente y el combustible depositado en Petropar con altos parámetros de transparencia.