“Encontramos muchas imprecisiones, no hemos podido hacer los ajustes. Incluso trabajamos mucho con la Contraloría General de la República, muchas de estas cuestiones ya se piden en le Declaración Jurada de Bienes. Preferimos trabajar mejor con el Frente Parlamentario Anticorrupción”, dijo Ávalos Mariño este miércoles en conversación con ABC.
“No hay una determinación precisa de qué significa la declaración de intereses. No hay un parámetro específico de los pasos que se deben dar”, indicó como los argumentos para rechazar el proyecto presentado por el senador Derlis Osorio (ANR, excartista), quien había fundamentado que la norma busca evitar situaciones de conflicto de intereses en la administración pública, donde personas adjudicadas en licitaciones acostumbran aparecer vinculadas a autoridades.
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“Dentro de la agenda del Frente preferimos el rechazo y trabajar en otro proyecto (…) Vamos a sacar un proyecto, puedo asegurar. Todos nos pusimos de acuerdo en avanzar en esa línea, pero tampoco sacar una ley que no sea aplicable. Será en un plazo máximo de tres meses y, a nuestro criterio, puede aportar mucho más”, añadió el diputado.
Finalmente, Ávalos Mariño contó que en la Cámara de Diputados hay unanimidad en cuanto a que los funcionarios públicos declaren también sus intereses comerciales, además de sus bienes.
A diferencia de la declaración jurada de bienes y rentas establecida en la Constitución, la declaración jurada de intereses se establece solamente para las autoridades que tengan cargos de responsabilidad.
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Según el proyecto, la declaración deberá incluir detalles de derechos en empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de participación patrimonial, en el país o en el exterior, ya sea en administración o en capital.
También debe incluir detalles de participación en juntas de directores, consejos de administración y vigilancia o cualquier cuerpo colegiado, ya sea remunerado o por cargo honorario.