Otazú hizo lugar al procedimiento abreviado solicitado por el Ministerio Público y Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grinspun en el marco del Caso Messer. Ambos tienen prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio, también deben comparecer cada tres meses ante el Juzgado.
Como “reparación del daño social ocasionado”, los condenados pagaron G. 10 millones cada uno. El dinero será donado a las fundaciones Asoleu y “San Rafael” del padre Aldo Trento. Esta última organización fue una de las más beneficiadas durante el Gobierno de Horacio Cartes, quien incluso llegó a donar un porcentaje de su salario para la fundación de Trento.
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Los ahora condenados fueron procesados en la causa que investiga un esquema de lavado de dinero de cerca de US$ 40 millones, en la que también están procesados Darío Messer, preso en Brasil, y su hijo, Dan Wolf Messer.
Cabe recordar que en principio los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera -quienes presentaron la acusación- solicitaron la aplicación del procedimiento abreviado y pidieron una condena. No obstante el juez Otazú le dio trámite de oposición porque no estaba de acuerdo con los años de prisión que solicitó el Ministerio Público. Luego, la Fiscalía General se ratificó en la acusación por lavado de dinero y solicitó la abreviación del procedimiento y la condena de dos años con suspensión de la ejecución.
Según las investigaciones, Messer creó al menos cuatro empresas en Paraguay: “Chai SA”, “Matrix Realty SA”, “Mazal Group SA” y “Gramonte SA”. En varias firmas tenía como socio al primo del expresidente Horacio Cartes, y a la madre de aquel accionista, Juana de Jesús Viveros Cartes.
Jiménez Viveros es quien intentó cobrar dos cheques por G. 2.000 millones de las cuentas de dos de las empresas de Messer, dinero depositado en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Los dos cheques estaban en dólares y pertenecían a las empresas Matrix S.A. y Chai S.A.
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