Por amplia mayoría, la Cámara Baja se ratificó en su versión con modificaciones del proyecto de ley que recorta gastos superfluos, busca poner fin a los privilegios y lograr un ahorro público anual de US$ 10 millones.
El proyecto de ley -impulsado por el senador Sergio Godoy- “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”, dispone que ningún funcionario de rango superior podrá ganar más que el presidente de la República, según la normativa, lo que fija como tope salarial alrededor de G 37 millones.
No obstante, los diputados excluyeron de este tope salarial a los funcionarios de las binacionales, alegando que lo sueldos de estos están establecidos en los tratados internacionales y no pueden ser modificados por la legislación paraguaya.
Los diputados también eliminaron la prohibición del pago de bonificaciones a los funcionarios en concepto de multas o cualquier tipo de gratificación en concepto del trabajo desempeñado, un privilegio que el Senado buscada suprimir.
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Otra de las modificaciones fue en cuanto a la publicidad y la propaganda, que los diputados finalmente no prohiben en su totalidad como planteaba la norma original, pero crean más excepciones para casos de edictos, licitaciones, llamados y otros.
Sobre la limitación de hasta dos viajes al exterior por año, eliminaron directamente este artículo y no solo exceptúan a la Senatur (turismo), sino que lo hacen para todas las instituciones públicas.
El artículo que limitaba a las autoridades públicas de rango superior a nombrar, contratar o incorporar a las instituciones a su cargo, en carácter de colaboradores o bajo cualquier otro, hasta un máximo de 3 (tres) asesores, también fue eliminado.
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