En la jornada de hoy, una considerable cantidad de personas se concentró en la plaza de Armas, frente a la sede del Congreso Nacional, con carteles en mano y mensajes de apoyo al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, quien como parte del plan de reactivación económica del Gobierno, pretende realizar contratos directos para la construcción de viviendas, aplicando la ley N° 3637 del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), que tiene ese mecanismo de distribución discrecional de fondos públicos sin concurso de oferentes.
El grupo llegó a la sede del diario ABC Color para manifestar su rechazo a las denuncias periodísticas hechas sobre el manejo poco transparente de recursos públicos en la construcción de viviendas sociales, las cuales fueron constatadas por la propia Contraloría General de la República, que recientemente publicó un informe de la auditoría hecha a la gestión del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH). Los funcionarios del ente contralor verificación una veintena de casas del Asentamiento “Carmen Soler”, ubicado en la ciudad de Ypane, y constataron que el valor contratado fue superior al valor real de las casas, pues estas presentaban deficiencias y diferencias entre lo que figuraba en el contrato y lo que se ejecutó finalmente. Así, solo en este caso (y como muestra basta un botón), el Estado pagó de más unos 127 millones de guaraníes.
De esta manera, el Gobierno confirmó que la falta de transparencia mediante las transferencias directas, sin mecanismo que permita un control ciudadano, da lugar a que no se cumplan los criterios técnicos acordados.
Es que el programa Fonavis permite que el MUVH contrate a los prestadores de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, que reciben los recursos públicos sin concurso alguno y encima tienen la potestad de elegir “a dedo” a la constructora que va a encargarse de las obras, también sin que exista competencia entre firmas constructoras. De hecho, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y otros gremios del sector vienen cuestionando que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, planifique aplicar este sistema tan cuestionado y poco transparente para ejecutar US$ 47 millones dentro de los proyectos de reactivación económica.
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Aún así, las personas que portaban pasacalles con nombres de asentamientos de distintos puntos del país, de firmas constructoras o empresas que prestan el SAT, marcharon desde el Congreso hasta frente al Diario y se quedaron durante más de media hora, con batucada y megáfonos, con cánticos y gritos contra publicaciones de ABC, “ABC ijapu” y arengas a la gente sobre la construcción de viviendas sociales.
El ministro Durand facilitó a este diario la lista de SAT que manejarán eventualmente, de aprobarse en el Congreso mayor endeudamiento, los fondos públicos para construcción de viviendas (se prevé que este jueves lo trate el Senado). Tras un análisis de ese documento, se constató que ya está digitado distribuir los US$ 47 millones entre un total de 62 firmas, las cuales elegirán las empresas construirán las viviendas. ABC constató que los gestores de casa propia para la gente de escasos recursos seleccionan de forma sistemática a las mismas “constructoras” e incluso, saltaron indicios de que las firmas están vinculadas entre sí.
Entre los casos divulgados está que una empresa de SAT y la constructora a la que subcontrata sistemáticamente llegaron a reportar la misma dirección alternativa en registros oficiales, lo que indica que podría tratarse de una simulación de dos firmas cuando en realidad serían la misma; y otro caso, los directivos de ambas firmas fueron los mismos, según reportes a los que accedió ABC, a lo cual desde el MUVH indicaron que esta situación no está prohibida y que, es normal “incluso ABC lo hace al diversificar sus plataformas” (sic).
Además, el ministro Durand llegó a reconocer su injerencia en la aprobación de proyectos de SAT cuando se detectó que fue adjudicada de forma directa la constructora familiar de su amigo y exdiputado Enrique Pereira Thalmann. “Y por supuesto, o quiere que contrate a un extraño”, respondió el representante del Poder Ejecutivo al ser requerido al respecto.
Por otra parte, luego de la serie de denuncias del manejo discrecional y de divulgarse que una constructora denuncia haber sido estafada por la SAT que la subcontrató y el MUVH no hizo nada al respecto, el ministro Durand reconoció que la ley N° 3637 del Fonavis es “perfectible” y y se comprometió a desarrollar una reforma.
Anuncian medidas de fuerza
Carlos Fleitas, representante de las organizaciones sociales y uno de los voceros, afirmó a la prensa que la multisectorial integrada por organizaciones sociales, constructoras y prestadoras del "Servicio de Asistencia Social (SAT), se concentraron frente al Congreso para pedir la aprobación del crédito para la construcción de viviendas sociales como parte de la reactivación económica. La movilización se inició hoy par acompañar a los campesinos y pedir sus reivindicaciones postergadas por mucho tiempo en nuestro país, según dijo. “Vamos a quedarnos a presionar acá, vamos a quedarnos a hacer la vigilia permanente. Vamos aplicar medidas fuerza, tales como huelga de hambre y cierre de rutas”, afirmó en declaraciones dadas a medios de comunicación.
“Es hora que el Gobierno Nacional en conjunto con el Congreso se pongan de acuerdo para otorgar este préstamo muy importante para el para el país teniendo en cuenta el déficit habitacional y la recesión económica”, expresó. Añadió que la gente necesita empleo, no morirá de covid “sino que de hambre”, además de observar que el subsidio estatal Pytyvo es insuficiente para superar la crisis.
Además, en un comunicado difundido se lee que la multisectorial “insta a los parlamentarios a aprobar inmediatamente el plan de reactivación económica de carácter urgente con la aprobación de US$ 47 millones para la construcción de viviendas sociales a través del Fonavis, con el pedido de ampliación presupuestaria del 2020 para el mismo programa”, dice. Agrega que impulsa la producción nacional de materiales de construcción, mayor participación de pequeñas y medianas empresas constructoras, construcciones de viviendas para comunidades indígenas y colonias rurales.
