El pedido de Domínguez fue una medida cautelar de urgencia contra la aplicación de la ley que obliga, desde hoy, al pago de los pasajes del transporte público del área metropolitana con las tarjetas del billetaje electrónico.
La solicitud, hecha a los ministros de la Corte Suprema, fue oficialmente presentada por los ciudadanos autodenominados “Por la ley y la democracia”, según el documento divulgado por Domínguez este viernes.
En las exposiciones de los motivos se lee en el texto un recuento de la historia del guaraní como billete, así como de las personas o símbolos que hay en ellos. “Los diseño (sic) plasmado (sic) en estos billetes corresponde a nuestros héroes, lo cual (sic) deben ser respetado (sic) por la institución que quiere el cambio que se menciona”, dice una parte del texto.
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En otra parte se justifica el pedido porque el abogado considera que el Viceministerio de Transporte no tiene autoridad para obligar este cambio y que eso es “esclusiva atribucción” del Banco Central del Paraguay.
Para Domínguez, que plagó su escrito de errores ortográficos y de incoherencias, la tarjeta del billetaje electrónico “no garantiza la protección de datos de los usuarios ni salvaguada (sic), las cuales serán almacedos (sic) por empresas privadas de transporte”.
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El documento sigue así por seis páginas y añade, entre otras cosas, que los adultos mayores están vulnerados en sus derechos porque el peticionante da por sentado que no saben usar este sistema de pago. Como uno de los puntos más llamativos figura que se tendrá “total control” sobre el ciudadano al tener sus datos de transporte.
Desde hoy empezó a regir la obligatoriedad de uso de la tarjeta magnética para pagar los pasajes del transporte público, a través de las marcas “Jaha” y “Más”. Entre otras cosas, este sistema de control permite un conteo real de los pasajeros que suben al transporte público.