Una vez más, suspenden audiencia para suboficial Gustavo Florentín

Como ya ocurrió en incontables ocasiones, este martes una vez más se suspendió la audiencia preliminar para el suboficial Gustavo Florentín, acusado de ser quien disparó el tiro mortal al joven liberal Rodrigo Quintana. Se reprogramó una nueva fecha para el 24 de noviembre.

Imágenes de circuito cerrado en que el  suboficial ayudante Gustavo Adolfo Florentín ingresa al PLRA después de haber disparado munición contra el dirigente Rodrigo Quintana.
Imágenes de circuito cerrado en que el suboficial ayudante Gustavo Adolfo Florentín ingresa al PLRA después de haber disparado munición contra el dirigente Rodrigo Quintana.Archivo, ABC Color

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de la familia del fallecido Rodrigo Quintana, lamentó que en base a chicanas lleven ya dos años posponiendo los plazos procesales y suspendiendo por distintos motivos la convocatoria a audiencia preliminar para el suboficial Gustavo Florentín, quien está acusado de ser el autor del disparo que acabó con la vida del joven liberal Rodrigo Quintana.

Recusaciones

Este martes, una vez más, la querella adhesiva de Leticia Redes, madre de la hija del fallecido Rodrigo Quintana, logró suspender la audiencia preliminar para el suboficial Gustavo Florentín, pues recusó a los fiscales Marlene González y Hernán Galeano.

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Así las cosas, se designó a otro fiscal, Giovanni Grisetti, pero este tenía otro juicio agendado para esta fecha. Por otra parte, se dio otro pedido de la defensa de Guido Amarilla, otro de los oficiales acusados por el ataque al PLRA. En este caso, su defensora tiene otro juicio para este martes, por lo que justificó y pidió suspensión.

No estando presentes la abogada ni el fiscal, se tuvo que suspender la audiencia, que finalmente fue reprogramada para el 24 de noviembre por la jueza Hilda Benítez.

Habla de inconducta procesal

El abogado de la familia Quintana, Guillermo Duarte Cacavelos, resaltó la inconducta procesal que muestra la querella. “Todo el 2019 y este año se suspendió la audiencia o no se pudo hacer por planteamientos de la querella, que debería tener una intención de que esto avance. Esta audiencia preliminar no va a resolver este caso, eso hay que entenderlo. Tenemos que pedir que esto vaya nuevamente a Fiscalía General para que sea reanalizado, o si es que no va, que vaya a juicio oral y que los jueces de sentencia obliguen al Ministerio Público a buscar quién dio la orden, porque eso es lo que aquí hace falta, saber quién dio la orden de disparar en el PLRA”, propuso el abogado.

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Recordó que la audiencia se suspendió como mínimo ya 7 veces, solo en cuanto a convocatoria de audiencia. Además, el juez Alcides Corbeta fue recusado también unas 7 u 8 veces, según Duarte Cacavelos.

“Si uno hace un recuento de todo lo que ya pasó en este proceso, tendremos claramente que hay personas litigando de mala fe en esta causa. La querella adhesiva ya fue advertida para ser apercibida por el juez Corbeta. Justo llegó el Covid y cambió el Juzgado, entró la jueza Cinthia Lovera, que no tenía en mente todo el proceso. Ahora, Lovera fue nuevamente sustituida por la jueza Hilda Vallejo, que está viendo el expediente y se dará cuenta de que hay un proceso pendiente de sanción para la querella de Leticia Redes, porque nos tiene dos años sin poder hacer la audiencia discutiendo su representación, que ayer nomás la Corte terminó por cancelarle”, lamentó el jurista.

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Los oficiales Gustavo Florentín y Guido Amarilla fueron acusados por el ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) durante la madrugada del 1 de abril de 2017. Florentín está acusado de homicidio doloso y es señalado como autor del disparo que terminó con la vida del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, en tanto que Amarilla solo está acusado por el supuesto hecho punible de coacción grave.

La Fiscalía acusó a Florentín y Amarilla, pero solicitó el sobreseimiento definitivo de los agentes policiales Éver Benítez, Arnaldo Andrés Báez y el comisario Tomás Paredes Palma. Guillermo Duarte también cuestiona que el Ministerio Público no haya determinado quién ordenó a los agentes policiales atropellar la sede partidaria. Los investigadores incluso se negaron a realizar el cruce de llamadas entre las principales autoridades.

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