Los diputados Hugo Ramírez, Miguel Tadeo Rojas, Basilio Núñez, Hernán Rivas, Justo Zacarías y Raúl Latorre propusieron modificar la ley 3.637 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) para establecer que todas las construcciones en el marco del programa sean sometidas a la normativa de Contrataciones Públicas, ley 2051. La normativa actual permite que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyo titular es Dany Durand, realice transferencias directas a organizaciones que, a su vez, sin concurso, eligen a “constructoras” para las obras.
Núñez explicó que las denuncias al respecto permitieron conocer que un pequeño grupo de prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) se está alzando con recursos públicos mediante contratos directos y, a su vez, puede elegir sin licitación a la constructora que construirá las casas. No solo no existe libre competencia sino tampoco control ciudadano, tal como se da con la ley 2051. Destacó que los recursos son producto del pago de impuestos y, por ende, su obligación es velar por su ejecución.
Núñez recordó que Durand disminuyó las exigencias al SAT y también la denuncia de una constructora que fue estafada al recibir solo una parte del valor de las obras hechas en Ypané. Un reciente informe de la Contraloría reveló que existiría un daño patrimonial de G. 35.000 millones en el ejercicio fiscal 2019. Además, tras verificar una veintena de viviendas en Limpio, constató in situ que el Estado pagó más de G. 127 millones por encima del valor real de las mismas.
Consultado al respecto, el ministro Durand respondió ayer que “es peligroso tocar una ley que está dando buenos resultados como lo es el Fonavis”. Seguidamente, facilitó un cuadro comparativo de la cantidad de casas culminadas por períodos: en 2003-2007 se registran 1.200 casas; en 2008-2013, 1.912; en 2014-2018, 5.872; y en 2019, 6.347.
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Teniendo en cuenta que el Gobierno pretende aplicar el Fonavis para construir casas con nuevos préstamos por US$ 47 millones (ya tiene sanción de Senado), empresarios piden que se permita libre participación. Sobre el punto, Durand indicó que se trabaja en una “reforma” de la normativa.