La manifestación aglutina a diversas asociaciones de trabajadores de frontera que reclaman la reapertura del puente internacional y un subsidio económico del Gobierno mientras dure la pandemia de Covid-19.

Desde este jueves, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, se encuentra trabajando con un equipo técnico de la entidad, con apoyo de funcionarios de la Gobernación de Itapúa, en la preparación de los kits de alimentos no perecederos que serán distribuidos según listas que cada organización proporcionará a las autoridades.

Hasta el mediodía de este jueves, en cada “carpa” se seguían confeccionando y revisando las listas de personas que recibirán las bolsas de alimentos.

En horas de la mañana, el titular de la SEN se reunió con el gobernador Juan Schmalko y con representantes de los distintos gremios de trabajadores de frontera para coordinar acciones.

Se está trabajando en la preparación de los kits que serán distribuidos en un lugar a determinar, que se está manteniendo en reserva para evitar aglomeraciones en el sitio, comentó Rubén Darío González, jefe de comunicación del gobierno departamental.

En principio se distribuirá unos 120.000 kilos de víveres no perecederos a unas 3.000 familias. La distribución se hará por grupos, en forma escalonada.

Esta entrega de víveres es sólo el inicio, afirmó el ministro Roa, que el martes último reunió con los manifestantes, en el lugar del bloqueo, para prometerles asistencia inmediata.

La cantidad de mercadería a ser distribuida y los beneficiarios irán aumentando gradualmente, afirmó.

Los reclamos de los paseros, sin embargo, no se limitan a los kits de víveres. Exigen también un pago mensual de G. 2 millones a cada familia en situación vulnerable, además de una canasta básica de alimentos cada 15 días.

Otros sectores como los de taxistas, mototaxistas o empleados de comercio, reclaman la reapertura del puente fronterizo, y el gremio que aglutina a los comerciantes, representado en la Cámara de Comercio, exige la aprobación de una “ley de competitividad de frontera” que les permita dar respuestas a la situación de dependencia del comercio fronterizo y moratoria impositiva, entre otras medidas financieras que les permitirían campear la crisis provocada por la paralización del comercio debido a la pandemia de coronavirus.

El bloqueo al predio de la ANNP tiene por efecto presionar al gobierno impidiendo la entrada y salida de camiones de carga que regularmente cruzan el puente internacional, pese al cierre de fronteras vigente.

Este hecho fue cuestionado tanto desde la cámara de comercio de Encarnación como de los gremios de trabajadores informales, como los “paseros”, quienes consideran que el cierre del paso internacional es para las personas, pero no afecta a los grandes empresarios que siguen haciendo negocios.