El documento fue presentado por el abogado Benito Torres, asesor jurídico de la Municipalidad, quien ejerce la defensa de las autoridades. En el caso también está implicado el exintendente Mario Ferreiro.
Torres, en el extenso escrito de 21 páginas, básicamente vuelve a solicitar la anulación de las imputaciones porque afirma que la Comuna hizo una denuncia por la presentación de estos certificados de cumplimiento tributario supuestamente falsos con los que la empresa Empo podía cobrar el dinero parte de la adjudicación que tiene para procesar la basura del vertedero Cateura.
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La empresa, según la Fiscalía, cambió de denominación en repetidas ocasiones para poder evadir impuestos. Así, con la complicidad de la Junta Municipal y del intendente, facilitaron a Empo los pagos.
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Los antecedentes del caso se remontan hasta abril de 2018, cuando Empo Ltda., entonces en la lista de grandes morosos del Estado por una deuda de miles de millones, pretendió transferir su contrato a otra empresa de nombre Empo SA y así “limpiar” el negocio, con ayuda de concejales y del entonces intendente Mario Ferreiro. La resolución 5.500/18 que aprueba la transferencia fue aprobada sin oposición por los ahora procesados.
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Además de Mario Ferreiro y Óscar Rodríguez, la imputación presentada afecta también a los concejales Javier Pintos, Fabiana Benegas de Sánchez, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, René Calonga, Karen Forcado, Augusto Wagner, Félix Ayala, Humberto Blasco, Ireneo Román y Elena Stael Alfonsi Samaniego, así como a María Laura Schiavo, exjefa del Departamento de Contratos de la municipalidad capitalina. Sus nombres aparecen en la aprobación de la resolución 7.326/18 por la cual pretendían “limpiar” a la morosa Empo Ltda. Todas estas personas fueron citadas para una audiencia de imposición de medidas el próximo 2 de diciembre.