Lino Oviedo Marín, hijo del fallecido exgeneral, informó este martes en conversación con ABC que hizo dos denuncias en el caso que implica a su socia comercial dentro del Lido Bar, Estherlinda Bazán (gerente y accionista del restaurante). Una fue penal en la Fiscalía General del Estado y la otra administrativa en la Secretaría de Estado de Tributación.
Casualmente, quien está como fiscala adjunta es Lourdes Samaniego, esposa del vicepresidente Hugo Velázquez, quien también es socio comercial de Oviedo Marín. En cuanto a la denuncia penal, el Ministerio Público imputó a Bazán, María de Lourdes Mansito (contadora de la firma) y María del Carmen Portillo (tesorera) por supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros.
Hoy surgió una nueva información sobre la denuncia administrativa. El viceministro de la SET, Óscar Orué, dijo que recibió varios llamados en torno a una auditoría sobre el pago de impuestos del Lido.
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Oviedo negó presión política y dijo que “no sabe” quién hizo esas llamadas. “Sé que está en Fiscalía porque yo presenté, pero eso no tiene nada que ver (que la esposa de su socio sea fiscala adjunta). Mi denuncia tiene media página, cuatro puntos, de una pericia que se hizo ante Tributación. Menciono que la denuncia fue administrativa. La Fiscalía lo que hizo fue pedir informe de lo que pasó allí, no se imputó por evasión”, se defendió Oviedo Marín.
En otro momento, se dedicó a insultar a su socia comercial indicando que “tiene fecha de caducidad”. Cabe recordar que la denunciada Bazán lleva años en el restaurante y es una persona mayor.
“Esta señora ya no se va al Lido. Este tema ya tiene 4 años. Si tuviera injerencia política, hubieran estado condenadas hace 2 años. Esta señora firmaba cheques en blanco, no se iba dos meses a su lugar de trabajo. Es una falacia decir que es el pilar del Lido. Todo tiene una fecha de caducidad”, dijo. Finalmente, acotó que él “no pidió medida alguna” para las denunciadas. “Por más de que ella sea imputada, ella va a seguir siendo socia”, concluyó.
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Los abogados de las denunciadas, Luis Ayala y Viviana Goralewski, enumeraron ayer una serie de irregularidades en el proceso. Cuestionaron, por ejemplo, un pedido de allanamiento realizado por la entonces fiscala del caso, Estela Mary Cano. Dijeron que la agente del Ministerio Público llamativamente solicitó que el procedimiento se lleve a cabo en horas de la noche, lo cual fue denegado por el Juzgado.
Otra irregularidad en torno a dicho allanamiento -en el cual se incautó una computadora que contiene todos los datos de la firma- fue que del mismo tomó parte un consultor que no es funcionario del Ministerio Público y cuya participación fue denegada previamente por parte del juez de la causa.
Oviedo negó ayer todas las acusaciones realizadas y aseguró que detectó una “caja negra” que era llevada a cabo presuntamente por las procesadas y aseguró que son ellas las que cometen chicanas y tienen algún tipo de apoyo político.