La Cámara de Senadores prestó por unanimidad el acuerdo constitucional al camarista Emiliano Rolón, para ser el próximo fiscal general del Estado. Ningún senador cuestionó su perfil pese a los cuestionamientos que existen en su contra en emblemáticos casos que terminaron impunes.
Existe un protocolo, un proceso regido por la Ley N° 1562 Orgánica del Ministerio Público en su artículo 51, que si bien no es claro, es el que se debe seguir para la designación de un fiscal General del Estado, en este caso si es que el Congreso destituye a Sandra Quiñonez tras un juicio político. Pero ¿quiénes están en la lista de posibles candidatos? Te contamos en esta nota.
La Fiscalía General del Estado designó hoy al abogado Andrés Eduardo Arriola Ramírez para estar al frente de todas las unidades fiscales especializadas que anteriormente eran ocupadas por Marcelo Pecci, asesinado el pasado 10 de mayo por sicarios en Cartagena, Colombia.
Diputados y senadores de la oposición trabajan en la presentación del libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño en sus funciones. La derrota cartista les alienta a hacer un segundo intento y a conversar con velazquistas.
Movidos por los últimos y escandalosos hechos de corrupción y estafa, miembros de la comisión de escrachadores protestaron frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, pidiendo que esta institución y el Poder Judicial no se sometan a sectores políticos. Llenaron de carteles y pasacalles la entrada, exigiendo que Ramón González Daher esté en la cárcel y mayor peso en el proceso contra el gobernador de Central, Hugo Javier González. Creen que el intendente cartista de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, es protegido de Horacio Cartes y que por esa razón no se lo imputa.
El Ejecutivo enviará esta semana a la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González (ANR-HC), imputado por lesión de confianza y asociación criminal, entre otros delitos. Al recibir la Cámara, el plazo de decisión no debe sobrepasar los 15 días hábiles.