Fiscal imputa y pide prisión para intendente de Acahay

El fiscal Rodolfo Hiram Colmán imputó y pidió prisión preventiva del intendente de Acahay, Alcides Sosa (ANR-Abdista), por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. El juez analizará si se allana al pedido fiscal o da otra salida a Sosa.

Intendente de Acahay, Alcides Sosa (ANR-Añetete).
Intendente de Acahay, Alcides Sosa (ANR-Añetete).Archivo, ABC Color

ACAHAY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La imputación se da ante la denuncia presentada por Melquiades Ayala Ortiz, Aldo Ayala González y Rubén Benítez, domiciliados en Mbuyapey.

Los afectados presentaron la denuncia luego de que el Ministerio de Hacienda canceló la transferencia del subsidio de Adultos Mayores de Ayala Ortiz, porque el mismo figuraba que tenía empresas constructoras y con frondosas ganancias.

El fiscal Colmán, sus asistentes y personal policial realizaron la semana pasada, varios allanamientos, en la Municipalidad de Acahay, donde incautaron notebook, una CPU, chequeras, sellos de supuestas empresas constructoras y facturas varias.

También se allanó la vivienda de quienes serían los mentores de esta asociación criminal, el exadministrador de la Facultad de Filosofía UNA, Eduardo Espínola Ayala, quien fue condenado por el desvío de G. 178 millones de la universidad, y su esposa la concejala municipal liberal Mirian Martínez. Todos ellos quedaron detenidos, imputados y con prisión preventiva por los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad.

La concejala municipal de Mbuyapey y su esposo son contadores, y sus víctimas fueron sus clientes que en algún momento tuvieron sus respectivos RUC, pero luego les solicitaron que los cancelasen ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Sin embargo, figuraban activos y como proveedores de la Municipalidad local. Asimismo, la comitiva fiscal allanó la vivienda del intendente Sosa, ubicada en la compañía Zanjita de donde se incautó un arma de fuego, documentos varios y una agenda.

El Ministerio Público refiere que compromete al intendente que las adjudicaciones fueron todas por contratación directa, existen contratos firmados por el intendente, con los supuestos propietarios de constructoras “fantasma”, cuyos afectados dicen desconocer. Se presume que el perjuicio patrimonial a la Municipalidad local superaría los G. 13.000 millones, lo que podría disminuir si por lo menos se encuentran obras realizadas que deben ser valuadas por un perito fiscal.

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