“Los militares vienen a rodearnos con armas de grueso calibre, mientras nosotros no tenemos en nuestro poder arma alguna”, denunció el representante de LMJ, el abogado Enrique Ferreira.
La presencia de los uniformados es para intimar a los empleados que están trabajando en el predio, teniendo en cuenta que la II División de Infantería había reclamado parte de esta propiedad privada.
La empresa intentó ingresar al sur de su propiedad, ubicada al lado de la sede militar, pero los uniformados y pobladores de la zona expulsaron la maquinaria y al personal. Esta área es ocupada por los militares y se usa como campo comunitario, aunque pertenece a LMJ SA.
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Es por ello que la firma desistió, por el momento, de ingresar a la zona de conflicto y empezó con los trabajos de limpieza con miras de loteamiento al norte del inmueble. Pero ni bien empezaron con la labor, los militares -que responden al comandante de la II División, el coronel Gustavo Arza- empezaron con un constante amedrentamiento.
Las autoridades de la sede de las Fuerzas Armadas de Villarrica afirman que existía una superposición de títulos de al menos 300 hectáreas. El caso se discutió en tribunales y en 2017 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la empresa, pero los encargados de la II División se niegan a acatar la disposición judicial.
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LMJ SA adquirió en un remate, en 2011, dos fincas que suman casi 1.700 hectáreas que abarcan Villarrica y Félix Pérez Cardozo. En el lugar se pretende impulsar un emprendimiento inmobiliario.
En defensa de la II División de Infantería, el Tte. Cnel. César Aguilar Andino indicó que cumplen una orden del escalón superior, la cual es resguardar la propiedad del Estado que le corresponde al destacamento militar.
“Nosotros tenemos un título que data de allá del año 1940. Nosotros acudimos al lugar para resguardar la integridad territorial que es nuestra misión principal según la Constitución Nacional”, explicó Aguilar.
Aseguró que la posesión del inmueble aún sigue en litigio, por lo que la firma no puede disponer de éste. “Hasta hoy día aún no llegó ningún documento o una sentencia definitiva que diga que el inmueble es de la empresa y mientras tanto no vamos a permitir que sigan invadiendo”, expresó el Tte. Cnel. Aguilar.