14 de agosto de 2026

La jueza Ana Esquivel sobreseyó definitivamente al exintendente de Lambaré Rosa González, conocido como Guido, con relación a la muerte de dos militares tras ser arrastrados por un raudal, en 2023. La Fiscalía pidió esa salida a base del resultado de las pericias que atribuyeron el hecho al factor humano.

CIUDAD DEL ESTE. La fiscala María del Carmen Meza encabezó una reinspección en la sucursal del Banco Sudameris, que fue blanco de un violento asalto con explosivos en la madrugada de este jueves en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná. El local ya había sido intervenido esta mañana por especialistas en explosivos de la Policía Nacional.

Un grupo de militares retirados socializó su contrapropuesta al proyecto de Ley de reforma de la Caja Fiscal, promovido por el Gobierno. Alega que su proyecto fue socializado con el Ministerio de Economía ya en el 2024, pero hasta la fecha no hubo respuestas por parte de la cartera.

La ley de emergencia penitenciaria fue postergada en la sesión extraordinaria y según el senador Éver Villalba no soluciona nada. Mencionó que el pedido de meter militares a las cárceles es inconstitucional y apuntó que esto daría legalidad al proceso administrativo para el proceso de compra.

El debate por la reforma de la Caja Fiscal se centra ahora en los “derechos adquiridos” por policías, militares y docentes, que se jubilan en condiciones de privilegio con relación a trabajadores privados e, incluso, en comparación con otros funcionarios públicos. El MEF mencionó ayer el tema, pero no informó cuántas personas serán finalmente alcanzadas por los cambios propuestos y cuántas permanecerán bajo las viejas normativas.
Aparte de los militares y de los policías, también los docentes pretenden conservar sus privilegios en el marco de la reforma de la Caja Fiscal promovida por el Poder Ejecutivo debido a su “acelerado deterioro”, al decir del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. “Estamos en pie de guerra”, llegó a decir Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), como si fuera lo más natural del mundo. Por tanto, recurren desde ya a la extorsión, amenazando con no iniciar las clases en este año lectivo si sus demandas no son aceptadas. En realidad, los docentes deberían estar “en pie de guerra” contra la ignorancia propia y ajena, en vez de lanzar amenazas con el fin de mantener sus prerrogativas en perjuicio de los contribuyentes. Lo que es seguro es que la exigencia de privilegios indebidos no va a contribuir en beneficio de la educación paraguaya.