El intendente local Sosa Báez, valiéndose de chicanas para evitar prestar declaración, recusó al fiscal de la Unidad II de Carapeguá, Rodolfo Hiram Colmán, alegando persecución hacia su persona.
El fiscal adjunto Roberto Zacarías designó que interine la causa al fiscal Dario Villagra. La fiscalía de Carapeguá viene investigando adjudicaciones de obras a empresas fantasmas cuyo daño patrimonial al municipio superaría los G. 13.000 millones.
El intendente argumenta que “siente una especie de persecución porque “el fiscal con ensañamiento dispuso que un médico forense del Ministerio Público vaya a corroborar la condición de salud”, y que solicitó al médico que lo atendió a prestar declaración testimonial respecto al contenido del reposo. La disposición fiscal fue porque el intendente en dos ocasiones no se presentó a declarar.
El fiscal adjunto Zacarías, por resolución N°408, declaró inadmisible la recusación plateada por el intendente Sosa Báez, contra el agente fiscal Hiram Colmán de la Unidad Penal N°2 de Carapeguá. Asimismo, se rechazó la recusación y se confirmó al mencionado fiscal a que siga atendiendo la causa penal.
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El fiscal Hiram Colmán tras allanamiento realizado en la Municipalidad de Acahay en noviembre pasado, había constatado que una siete empresas fantasmas fueron adjudicadas en forma directa, supuestamente para la construcción de obras varias dentro del municipio.
En ese sentido, crearon las constructoras: San Cayetano y San Roque, habilitadas a nombre de Melquiades Ayala Ortiz, de Mbuyapey. Además entre las empresas maletín figuran, “8 de Diciembre, San Jorge y el Progreso”, cuyo propietario aparece Aldo Ayala González, la constructora NyM Servis, cuyo propietario aparece Rubén Benítez. Luego esta firma pasó a nombre de Naiza Cohener González, nuera de la concejal de Mbuyapey, Myrian Elizabeth Martínez.
Asimismo, la fiscalía detectó que se realizaron pagos por más de G. 450 millones realizados por un estudio de “Proyecto de inversión” a la Consultoría MyC, cuya propietaria es la concejal Martínez.
Antecedente de la denuncia
El caso fue denunciado por los afectados Melquiades Ayala Ortiz, quien era beneficiario del programa de adultos mayores y el Ministerio de Hacienda canceló su transferencia porque tenía activo su RUC con varias empresas que le generaban ganancias.
Ante esta situación su nieto Aldo Ayala González, verificó su situación y encontró también que es proveedor del Estado, específicamente de la Municipalidad de Acahay y ni siquiera estaba enterado. Asimismo, Rubén Benítez, otro de los afectados denunció que en el 2019 ya se percató de esta situación; denunció en la Comisaría de Mbuyapey y no prosperó y en noviembre pasado denunció nuevamente que su nombre y cédula fueron utilizados para crear empresas que estaba facturando a la Municipalidad de Acahay.
En este caso está imputado y con prisión preventiva el contador de la Municipalidad, Vicente Torres Sanabria, la concejal liberal de Mbuyaepy, Myrian Elizabeth Giménez, su esposo Eduardo Espínola Ayala y el intendente local, Alcides Sosa Báez.
Piden revocar disposición del juez
El fiscal Rodolfo Hiram Colmán, solicitó a la Cámara de Apelación de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, revocar la medida de libertad ambulatoria que otorgó el juez Guillermo Ortega, a favor del intendente de Acahay Alcides Sosa Báez.
Justificó que el mismo podría influenciar en los testigos que son sus subalternos y que la fianza que puso presentando un inmueble del distrito de Lambaré, no se tiene dictamen de la Dirección General de Registro Público, que asegure ser propietario de la finca en cuestión.
Asimismo, se solicitó se revoque la prisión domiciliaria otorgada tanto a la concejal de Mbuyapey Myriam Elizabeth Giménez y a su esposo Eduardo Espínola Ayala, éste último estaba guardando prisión domiciliaria por la condena de 8 años, sobre el hecho de desvío de G. 178 millones de la Facultad de Filosofía -UNA.
Sin embargo, el mismo sería el principal responsable en organizar un esquema para delinquir junto a funcionarios municipales y el intendente local, creando supuestas empresas fantasmas a quienes fueron adjudicadas millonarias obras.
El imputado Espínola Ayala fue denunciado también por violar su prisión domiciliaria. Agentes policiales de Mbuyapey fueron a constatar y nadie les atendió en la vivienda ni estaban siquiera sus vehículos. El juez Hilario Bustos debe decidir si revoca su prisión domiciliaria o deja sin efecto esta denuncia.