Avanza licitación para seguro “vip” en MIC

Al igual de lo que ocurre en otras instituciones estatales, como en el Poder Judicial, en el MIC siguen los privilegios a sus funcionarios a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, a causa mayormente de la pandemia del covid-19 o nuevo coronavirus.

La institución sigue con el proceso de contratación de un seguro médico integral para sus alrededor de 530 funcionarios, cuyo costo mensual por cada uno es de G. 1 millón.

Ese beneficio es renovado año a año mediante contratos con prestadoras de servicios del sector privado.

Mediante la ley de la Función Pública se estableció como tope el pago de G. 1 millón por el seguro médico de cada funcionario, monto que llamativamente nunca es inferior en las cotizaciones de los oferentes.

Para esta contratación específica se presentaron dos empresas: la primera es “Docto S. R. L.” y la segunda “Santa Clara Medicina Prepaga”. Ambas firmas hicieron ofertas por el mismo monto: G. 1 millón mensuales por cada funcionario asegurado.

La diferencia entre estas será determinada por el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones.

“Docto S. R. L.” –que contaba con recomendación del Comité Evaluador para ser adjudicada– fue rechazada mediante una resolución esgrimida por el ministro Luis Castiglioni, por no cumplir con los requerimientos técnicos establecidos.

Es importante destacar que actualmente los funcionarios del MIC se encuentran sin seguro médico ya que feneció el contrato con la anterior prestadora de servicios. No obstante, existe un fondo de ayuda especial en el Ministerio de Hacienda, para otorgar mensualmente G. 300.000 a cada empleado durante el periodo en el que quede fuera de la cobertura de salud.

Al respecto, el titular del MIC, Luis Castiglioni, expresó ayer a ABC Color que dicho proceso de licitación tuvo origen a mediados del año pasado, cuando aún estaba a cargo de dicha cartera estatal la entonces ministra Liz Cramer.

Comentó que recibió presión por parte de los gremios sindicales de la institución, pero que en todo momento dejó claro que el proceso seguiría su curso normal y que serían evaluadas como correspondían las propuestas de los oferentes.

Igualmente, mencionó que el contrato que se firmará con la prestadora adjudicada es “abierto”, lo que implica que se paga por la cantidad de personas que son incluidas en el seguro, es decir, que el monto final a pagar por el Ministerio puede ser inferior a los G. 5.550.000.000 establecidos como tope.