Anoche, el fiscal Osmar Legal presentó acusación contra el ex dirigente deportivo luqueño Ramón González Daher por usura y lavado, al igual que contra su hijo Fernando González Karjallo, por lavado de dinero.
El Ministerio Público pide al juez Humberto Otazú elevar el caso a juicio oral y público y el magistrado debe ahora fijar una audiencia preliminar para escuchar a las partes. Se estima que solamente Ramón movió unos G. 7 billones, sin contar con la fortuna de su hermano, el exsenador Óscar González Daher. Además, se ordenó que siga el embargo sobre sus bienes.
Hoy, el abogado Carlos Arévalos presentó querella adhesiva contra ambos en representación de la firma M&T SA, que acusa tanto a Ramón como a su hijo por presuntos hechos de usura y lavado de dinero. Otazú estudia la documentación y deberá también evaluar si se dan los presupuestos para incluir o no este pedido al proceso fiscal, informó Marcia Ferreira, periodista de ABC.
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“El juzgado debe hacer el análisis pertinente si se cumplen los requisitos formales para incluir o no (la querella)”, dijo el abogado Arévalos. Julio Adolfo Mendoza Yampey, directivo de esta empresa, declaró anteriormente que cuando no pudo hacer frente al pago de los créditos con intereses usurarios junto con su socio Juan Eugenio Planas Gómez, González Daher los denunció penalmente por estafa.
El fiscal Osmar Legal, quien presentó la acusación anoche, sostiene en el texto que los ingresos de González Daher y su hijo González Karjallo no se corresponden con los montos formales declarados ante la Subsecretaría de Estado de Tributación por una diferencia de G. 6.539.85.697.879 y concluye que este monto fue ingresado al sistema financiero para permeabilizarlo y perder su rastro, como así también para confundirlo, como que fue obtenido por la práctica de actividades comerciales del rubro inmobiliario.
Legal debe presentar la carpeta fiscal al juzgado y se espera que eso se haga este miércoles. El Ministerio Público logró identificar un total de 141 inmuebles que se encontraban inscriptos en los Registros Públicos a nombre de ambos acusados, según un informe del 10 de octubre de 2019.