Considerando el monto en guaraníes, Mocipar estafó en mayor forma a usuarios del grupo de “propiedades” pero a más número de usuarios en el rubro “automotores”, según afirmó el abogado Gustavo Franco, representante legal de estafados por la citada empresa.
Franco expresó que la resolución de la jueza María Mafalda Cameron Luque, quien calificó de dolosa la quiebra de la firma Mocipar Automotores SA, componente del Grupo Mocipar, es la ratificación de un hecho que desde hace tiempo vienen denunciando y que fue evidenciado con los documentos presentados.
Conforme expresó, solo en el año en que solicitaron la quiebra, la firma reportó pérdidas que llegaron a un valor de G. 19.000 millones. “Decidieron perder plata ese año, al parecer, con varias simulaciones de cuentas con varias empresas vinculadas”, explicó.
De acuerdo a documentos que obran en la investigación, Mocipar Propiedades, hasta el 25 de noviembre de 2019, había emitido cheques diferidos para la firma Gestiones del Este SA por un total de G. 1.511 millones. Esta empresa tiene como propietarios al senador colorado cartista Javier Zacarías Irún y a Fernando Román Fernández, quien casualmente es también accionista de Mocipar. También se registra una deuda de G. 325 millones con Cristal Inversiones SA, propiedad de Durand. También aparecían pagos pendientes a Danny Xavier Durand por más de G. 662 millones por parte de Mocipar Automotor.
Eran los mismos dueños, los mismos directivos y básicamente divisiones diferentes, pero aun así decían deberse dinero mutuamente.
Al respecto, Franco expresó que este movimiento de dinero fue declarado hasta noviembre de 2019. En enero de 2020, las firmas se declararon en quiebra, después de entregar el dinero a sus propietarios.
Unas 350 personas denunciaron haber sido estafadas por Mocipar por cerca de G. 6.800 millones. Cuando la Fiscalía comenzó a imputar a los propietarios y directivos del holding, las empresas iniciaron el proceso de quiebra y culparon a la prensa. La jueza ordenó que la carpeta se remita al Ministerio Público, pues la quiebra dolosa es punible.
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