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El organismo de control decidió declarar como contrabando solo el 40% del cargamento de cigarrillos y productos electrónicos, en tanto que el 60% fue entregado a los que reclamaron la devolución.
La entidad argumenta que la liberación y entrega dispuesta por el juez sumariante por la vía incidental se sustentó en la constatación de la legalidad de las mercaderías incautadas y reclamadas, así como también en informes remitidos por varias instituciones públicas, a quienes involucra, para justificar su decisión.
No se tuvo en cuenta, sin embargo, que al momento de la intervención realizada por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), las mercaderías no tenían documentación alguna que avale su legalidad.
Además, los productos estaban siendo movidos a través de puertos clandestinos y una parte importante de ellos ya estaban cargados en lanchas para ser llevados al Brasil, a través del lago de Itaipú.
La citada entidad de control del comercio exterior declara como contrabando aquel lote de cigarrillos que ya estaba en las lanchas e igual decisión asume respecto a esas embarcaciones, pero decide liberar la mayor parte sin sanción alguna. En esa ocasión incluso algunos trabajadores huyeron del sitio al empezar la intervención de las autoridades, el 5 de febrero del año 2020.
La institución obvió que la Ley Nº 2422, del Código Aduanero no solo sanciona el contrabando sino también la tentativa de contrabando, pero las autoridades hicieron la “vista gorda” a este capítulo para liberar la mercadería con la sola presentación de documentos en el sumario administrativo.
El artículo 342 dispone que incurre en tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer la infracción de contrabando, comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad; y el artículo 343, que para estos casos se aplicará la mitad de las sanciones que correspondan a la infracción de contrabando.
Según el comunicado de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), las pruebas diligenciadas sobre las que el juez sumariante, Basilio Bogado, administrador de aduana de Salto del Guairá, tomó su decisión, es el informe de la hidroeléctrica Itaipú que señala que la propiedad intervenida “no se encuentra dentro de la Franja de Protección y Poligonal Envolvente de la Itaipú Binacional”.
Igualmente tomó en cuenta el informe de la Prefectura General Naval que indica “que el propietario de un inmueble de dominio privado no requiere autorización alguna para la construcción de ninguna edificación de parte de la Institución, por no tener la competencia para otorgar autorización o no para la construcción o no de edificación alguna”.
Aduanas alega que también fueron considerados los informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Dirección de Fiscalización a través de la División de Auditoría Externa del Departamento de Control Posterior. Igualmente, dice, se tuvo en cuenta el informe del Ministerio de Industria y Comercio, el de la Prefectura General Naval sobre las embarcaciones, el de la Dirección de Registros de Automotores y el del Senave.
El director nacional de Aduanas, Julio Fernández, hasta ayer no facilitó aún las copias del sumario como había anunciado a ABC.
Operativo se hizo en 2020
El operativo se realizó el 5 de febrero de 2020 en un predio ubicado en Colonia Camino 3, distrito de Salto del Guairá. Se encontraron 5 depósitos, 15 tractocamiones e igual cantidad de lanchas y en la zona operaban tres puertos clandestinos. Se incautaron al menos 20.000 cajas de cigarrillos, la mayoría de marcas de Tabesa, propiedad del expresidente Horacio Cartes.
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