A menos de un día del reinicio de las clases presencias en instituciones educativas públicas de Paraguay, cerradas desde hace casi un año por la pandemia de covid-19, este lunes la jueza Inés Galarza Careaga comunicó al ministro de Educación, Eduardo Petta, la presentación de un amparo constitucional por parte de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), que exige que las clases presenciales sean pospuestas.
El abogado Marcos González, representante legal de la FEP, dijo a ABC Cardinal que el objetivo del amparo constitucional es que se retrase el inicio de las clases presenciales y se siga con el sistema exclusivamente a distancia “mientras no haya las condiciones” de bioseguridad o en general que garanticen la salud de docentes y alumnos “en este momento que la pandemia arrasa con todo”.
El Ministerio de Educación dispuso que el regreso a las aulas en colegios públicos se haga de forma parcial, con una parte del alumnado asistiendo a clases de forma física y el resto continuando con la educación a distancia que fue necesariamente adoptada en 2020.
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González propuso que el MEC y los docentes dialoguen “sobre cómo hacer una reintroducción paulatina a las clases presenciales”, diciendo que un “plan estratégico” sobre el tema ya debería haber sido elaborado en conjunto, pero denunció que “hay intransigencia” por parte del MEC.
“Tienen que actuar todos los actores que convergen en educación y dar una salida que se asegure la vida de todos los que componen la comunidad educativa”, agregó.
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El ministro Petta dijo este lunes que el 77% de las instituciones educativas públicas del país están en condiciones de abrir a partir de mañana, y calificó de “incoherentes” a los líderes sindicales docentes.
Cuestionó también que no se de prioridad a los docentes en la vacunación contra la covid-19, argumentando que “están las vidas de los niños en manos de los docentes”.
Hasta ahora, Paraguay recibió solo 4.000 dosis de la vacuna Sputnik contra el covid-19, que debe ser aplicada dos veces a cada persona, y las autoridades establecieron que la prioridad será vacunar primero a los trabajadores de la salud.
El Ministerio de Educación tiene un plazo de tres días para presentar al Poder Judicial un informe al respecto de la acción de constitucionalidad.