Transporte define hoy aumento de pasaje o subsidio

El viceministro de Transporte, Pedro Britos, se reúne hoy con transportistas, quienes anunciaron un paro total del servicio para presionar a fin de que aumente el monto del pasaje o del subsidio que reciben en compensación del mismo. El gobierno de Mario Abdo Benítez aumentó el monto de transferencias sin que se justifique, cuestionó la Contraloría.

El Gobierno definiría hoy el aumento o no del precio del pasaje por el servicio del transporte público de pasajeros.
El Gobierno definiría hoy el aumento o no del precio del pasaje por el servicio del transporte público de pasajeros.Virgilio Vera, ABC Color

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El Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) había anunciado ayer que realizará un paro total del servicio el 8 y 9 marzo, como medida de fuerza para que el Gobierno establezca nuevas medidas que le permitan mantener la rentabilidad de su servicio. La medida de fuerza es apoyada por la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama).

Con el objetivo de evitar la medida de fuerza, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, afirmó que la postura del Gobierno es no ceder al chantaje de los transportistas y anunció que se instalará una mesa de diálogo con los empresarios. Las alternativas que se les planteó son las de aumento del precio del pasaje o del monto de subsidio que se otorga en compensación del mismo.

Al respecto, el presidente de la Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar), Alejandro Zuccolillo, indicó que los ajustes son necesarios en vista de que durante la pandemia hubo una importante reducción de la demanda de pasajeros. “El Gobierno dice que el sistema de transporte genera US$ 11 millones por mes y que de ese monto subsidia US$ 1 millón. Según el billetaje electrónico, el sistema, aún impactado por la pandemia, genera US$ 4,5 millones y el Estado subsidia US$ 1 millón; esto revela que hay un faltante de US$ 6,5 millones que deberían pagar adicionalmente los pasajeros o el Estado, puesto que el Estado fija el precio por decreto”, expresó el vocero.

El Cetrapam sostuvo en su comunicado que los cálculos estimados indicaban que 638 personas se trasladaban por día en cada bus convencional y 407 en el diferencial, mientras que ahora con la implementación del cobro electrónico se constató que trasladan a 310 y 330, respectivamente. Sin embargo, los empresarios evitan responder sobre los cobros realizados por boletos que no fueron vendidos, puesto que el subsidio se paga por cada boleto vendido como una ayuda al usuario.

De hecho, un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que el Tesoro aprobó pagos sin que existan las documentaciones técnicas que lo justifiquen, a lo cual la institución respondió que esos controles corresponden al Viceministerio de Transporte y, de esta manera, las autoridades se “tiran la pelota” en torno al destino de los recursos producto del pago de impuestos de la gente.

Otro aspecto cuestionado por el mismo ente contralor fue el hecho de que se reprogramó dinero para los transportistas, sacando de lo destinado para los veteranos de la Guerra del Chaco. Esto sin siquiera cumplirse con los requisitos ni que exista una justificación, aumentando el monto de lo transferido al sector privado a niveles comparables a 2014, cuando se realizaron pagos únicos con el objetivo de que se renueve la flota de buses, durante la administración del presidente Horacio Cartes.

Por otra parte, la ciudadanía no tiene la posibilidad de conocer detalles de estas transferencias, puesto que el Viceministerio de Transporte no dispone de estos datos en su portal web. Luego de diversas críticas y reiteradas solicitudes vía el portal de Acceso a la Información Pública, dispuso de una planilla que se encuentra desactualizada y sin información que al contribuyente le permita constatar que los montos correspondan al servicio prestado por las empresas, ya que hasta antes de la implementación del billetaje los cálculos se realizaban conforme a estimaciones.

El diputado Édgar Acosta cuestionó la falta de informes referentes a estos pagos e indicó que desde noviembre del año pasado la Cámara Baja aguarda respuesta al respecto. Cuestionó que se deba pedir informes al Portal de Acceso de Información Pública para conocer el destino de los recursos públicos, que constituyen dinero del pueblo y por lo tanto deben ser de libre acceso.

A través del expediente N° 39.074 se pudo conocer los pagos que realizó el Gobierno desde 2012 hasta diciembre del año pasado, totalizando casi G. 400 millones (unos US$ 60 millones al cambio actual). El detalle de los montos cobrados por cada empresa en cada mes y desde ese año se puede encontrar aquí.

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