Poco más de una veintena de personas llegó a la sede del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyo titular es Carlos Pereira, a fin de solicitarle que inicie los procesos para las adjudicaciones de los proyectos de casa propia que son presentados por los “Servicios de Asistencia Técnica (SAT)” durante la administración del anterior ministro, Dany Durand. Todas coincidieron que ya es tiempo de que se ejecute el dinero aprobado por el Gobierno para la reactivación económica, mediante la construcción de viviendas.
“Estuvimos tres meses peleando por la aprobación de los 47 millones de dólares para la construcción de nuestras casas y ahora, el ministro no ejecuta y persigue a nuestras SAT”, afirmó Tomas Campuzano, presidente de la Coordinadora Nacional de Asentamiento del Paraguay (Conapa), recordando que a fines del año pasado realizaron una serie de manifestaciones en apoyo a la gestión de Durand y en rechazo al intento de modificar la Ley N° 3637 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis).
Dicho programa permite transferencias directas a los SAT, los cuales postulan ante la institución los proyectos de casa propia de familias de escasos recursos tras ser contratadas por las organizaciones sociales, cuyos representantes se manifiestan frente a la institución. Una vez adjudicadas por el MUVH, eligen a la constructora, sin que haya competencia entre empresas ni control ciudadano.
Bajo la administración del anterior ministro, Contraloría detectó una serie de irregularidades en la fiscalización y recepción final de las obras, que no estaban acordes a las especificaciones técnicas contratadas e incluso transferencias a los SAT inhabilitadas por la propia institución, entre otras irregularidades que ocasionarían un daño patrimonial de G. 35.000 millones.
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Ante el anuncio de que se solicitaría una investigación fiscal, Durand presentó documentos complementarios en intento de justificar el faltante y hasta el momento no existe más novedades al respecto.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, Pereira y sus técnicos explicaron que con el fin de transparentar el proceso de adjudicación y de las construcciones, funcionarios explicaron que aplicarán una serie de reformas, como la implementación de una aplicación móvil que mostrará la actualización de las obras, cada 15 días, a cargo de los fiscalizadores y que se darán nuevas exigencias a las proveedoras a fin de conocer la solvencia y capacidad para cumplir con las obras.
Estas nuevas exigencias serían las consideradas como “persecución” por las organizaciones sociales, quienes aspiran que los procesos continúen tal como se daban en la anterior administración. “Queremos que se ejecuten los proyectos que presentamos, trabajamos en la elaboración de los mismos y ahora esperamos una respuesta”, dijo Diego Segovia, representante del Consejo Nacional para el Desarrollo Integral Social (Condis).
Los manifestantes esperan tener una respuesta concreta hoy, o caso contrario, anuncian una movilización por el microcentro de Asunción para este jueves 11 de marzo.
Por su parte, el ministro Pereira había señalado que para estos días está previsto el primer desembolso del Ministerio de Hacienda de los US$ 47 millones aprobados por el Gobierno para la construcción de viviendas sociales y que aguarda el cronograma de dicha institución. Conforme a lo explicado, los recursos serán destinado a la construcción de 6.000 viviendas, los cuales serán adjudicados en cuatro llamados a ejecutarse a lo largo del año.