Según la denuncia de los productores, los nativos estarían siendo arreados por los dirigentes Antonio Carrillo y Mario Saucedo, entre otros, con fines extorsivos, como lo vienen haciendo en cada cosecha.

Diego Troche, representante legal de las firmas afectadas, dijo que en esta ocasión el objetivo de los dirigentes es brindar protección a un brasileño de nombre Rolando Ramos, quien invadió más de 1.000 hectáreas de la propiedad para la siembra de soja, de manera a lucrar ilegalmente con la producción.

Troche asegura que también la jueza de Katuete, Josefina Gunset, y el fiscal Vicente Rodríguez, de Salto del Guairá, brindan impunidad para que sus clientes sean perjudicados.

“Lo que al principio fue invasión, ahora termina literalmente en robo de soja”, manifestó Troche, señalando a los líderes indígenas de supuestamente cobrar un millón por hectárea para ofrecer cobertura al brasileño que cultiva ilegalmente en dichas tierras, pero en contrapartida bloquean totalmente el tránsito a los verdaderos propietarios, impidiendo la cosecha de sus productos.

Antonio Carrillo, líder de la comunidad Y’apo, confirmó que se encuentran manifestándose porque están cansados de que sojeros estén sembrando soja en la zona que consideró parte de las tierras ancestrales y adelantó que luego se trasladarán hasta el Cruce Carumbey para seguir con la medida de fuerza hasta que las autoridades hagan caso a sus reclamos.

Carrillo ya fue denunciado en varias oportunidades por supuestamente coaccionar a los productores con el objetivo de sacar rédito económico. En una oportunidad fue detenido, pero a fuerza de una manifestación con cierre de ruta en zona de Yhovy, sus seguidores lograron obtener medidas alternativas a la prisión.