En una carta dirigida al presidente Mario Abdo Benítez, la diputada Kattya González desarrolla algunos conceptos de la ley que destina estos fondos sociales a la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social, mientras dure la pandemia de COVID-19. Entre estos, el concepto de protección social, el cual se enmarca dentro de una protección de los derechos laborales, de alimentación, salud, las pensiones y el cuidado.
Para la correcta aplicación de esta ley, la diputada sugiere en su carta que el decreto reglamentario disponga de la creación de un comité multidisciplinario, integrado por un experto independiente especialista en economía de la salud, un técnico designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, un técnico especialista en presupuesto designado por el Ministerio de Hacienda, dos legisladores (un diputado y un senador) designados por sus pares especialistas en control de ejecución presupuestaria, dos técnicos designados por la Entidad Binacional Itaipú y Entidad Binacional Yacyretá, respectivamente.
Las funciones de este comité serán: determinar con qué dinero se cuenta, elaborar un plan de gastos e inversiones, fijar los precios referenciales para la adquisición de los insumos, medicamentos y materiales de bioseguridad y presupuestar un fondo de contingencia flexible para hacer frente a las adversidades. Por último, el comité estará encargado además de la elaboración y remisión bimestral de informes de su gestión a la Contraloría y a la Comisión Bicameral del Congreso.
En base al artículo 5° de la ley, el Ejecutivo está obligado a reglamentarla en un plazo no mayor a diez días, plazo que se cumple el próximo jueves 6 de mayo.
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