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El titular de la cartera fiscal dijo a ABC que se acordó con los afectados un mayor plazo para permitir la revisión del Decreto Nº 5088/21 que reglamenta la Ley Nº 6720/21 que otorga el subsidio a comerciantes y trabajadores de 16 ciudades en la frontera con Argentina.
La idea es que más personas puedan beneficiarse con el subsidio porque así como está actualmente tiene unos parámetros muy rígidos y altos, que se establecieron en principio para reducir la cantidad porque se inscribieron más de 130.000 personas y los recursos disponibles no iban a alcanzar, reconoció.
Llamosas indicó que al flexibilizar la norma se estima que un grupo de los que ya cobraron en abril podrían entrar en la lista y no necesitarán devolver el dinero percibido. Sin embargo, aquellos que tras el ajuste sigan fuera del listado, tendrán que devolver el subsidio al Tesoro.
“Por el momento la intimación queda en stand by (en espera) hasta que se hagan los ajustes y la revisión de cada una de las personas”, insistió el ministro de Hacienda al referirse a la salida acordada con los comerciantes y trabajadores afectados.
Reclamo
Hacienda intimó la semana pasada a alrededor de 800 comerciantes para que en el plazo de 72 horas devuelvan el subsidio.
El argumento de la entidad es que no les correspondía percibir porque no cumplían con los requisitos establecidos en el decreto del Ejecutivo, a pesar de que fueron incluidos en el listado de beneficiarios.
El dinero reclamado equivale al salario mínimo: G. 2.192.839, correspondiente a los dos primeros pagos realizados de una vez, monto que pedía Hacienda sea depositado en la cuenta que el Tesoro Público tiene en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
La intimación de la cartera generó sorpresa entre los afectados, porque no informó de los supuestos errores en el listado de beneficiarios ni de las notas enviadas.
El primer pago a comerciantes y trabajadores formales alcanzó a 3.764 personas; luego abonó G. 500.000 a trabajadores informales, alcanzando a cerca de 21.000 beneficiarios.