En la audiencia ante el juez, el matrimonio compuesto por el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo tendrá la oportunidad de explicar al magistrado Julián López cómo se hicieron con G. 10.495 millones, dinero que el Ministerio Público quiere comisar.
Para la fiscala que lleva adelante el proceso, Natalia Silva, existen suficientes pruebas de que el exjefe de la Fiscalía y su esposa cometieron enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por lo tanto, la investigadora considera que existen elementos suficientes para llevar a ambos a juicio oral. Sin embargo, desde que comenzó este proceso han ocurrido numerosas dilaciones.
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Para Fiscalía hay pruebas suficientes
El Ministerio Público asegura contar con pericias y documentos que prueban que Díaz Verón se enriqueció ilícitamente en el cargo y que la esposa, María Selva Morínigo, lavó el dinero obtenido ilegalmente por el marido cuando era fiscal general del Estado.
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Finalmente, en la segunda quincena de mayo, ante la insistencia de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia resolvió el conflicto de competencia y confirmó al juez Julián López en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exfiscal Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo.
Así, a partir de ese momento y una vez que la máxima instancia judicial remitiera el expediente, el juez Julián López tuvo vía libre para fijar fecha para la audiencia preliminar, que será en un mes. En esta audiencia se deberá resolver si se eleva el caso a juicio oral y público como pidió el Ministerio Público.
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Alegaban conflicto de competencia
Según alegó la defensa del ex fiscal general, el conflicto de competencia se da porque la Fiscalía había solicitado que se acumule su caso, que tenía el juez Julián López, y el de su esposa, que tenía el magistrado José Delmás. Esto se rechazó el 18 de noviembre de 2019 y fue confirmado el 23 de abril de 2020 por el tribunal de apelación, segunda sala.
Sin embargo, la Fiscalía insistió en la acumulación, pero ante el juez Delmás, quien admitió la petición el 16 de julio de 2020, y su fallo fue confirmado el 14 de agosto por el tribunal de apelación, primera sala.
La acusación presentada el 13 de agosto de 2019 puntualiza que la pericia contable reveló que la pareja no puede justificar la suma de G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvo desde 2008 hasta 2017.
Amplia diferencia de dinero de origen desconocido
Según la agente que lleva adelante la investigación, la pericia demuestra que la mayor diferencia entre los ingresos y egresos del matrimonio se dio en el año 2010, en que Díaz Verón y María Selva Morínigo no pudieron justificar ingresos de G. 4.813 millones.
La mayor parte de este dinero se destinó a mejoras y construcciones que se hicieron en una propiedad que tiene en el Chaco la firma Lagunita SA; también en la compra de ganado vacuno.
En 2016, el matrimonio no pudo justificar de dónde sacó G. 2.360 millones, cifra de la cual G. 1.368 millones se invirtieron en la empresa denominada Canto Rodado SA, según la acusación.