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La inclusión financiera versus la seguridad en las transacciones son los argumentos con los que se enfrentan las empresas telefónicas contra los bancos, en el marco del lobby que realizan ambas partes respecto a un proyecto de ley, que afectar a los pagos, giros y transferencias de dinero, por la vía electrónica.
Según datos el Banco Central del Paraguay, en nuestro país se procesan por mes unas 10,3 millones de transacciones de giros y pago vía móvil. Eso implica en valores, unos G. 1,94 billones (US$ 282 millones), según los datos de junio de 2020.
El proyecto de ley se denomina “De los Servicios de Confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”.
El proyecto había sido consensuado en su mayor parte por varias instituciones y organismos afectados, como el MIC, el MITIC, el BCP, el Incoop, la Cámara Paraguaya de Medios de Pagos, Asoban y las empresas de telefonía celular.
Sin embargo, en una parte del proceso surgió la discrepancia entre las partes so bre la redacción de un párrafo del Art. 103, sobre las operaciones electrónicas en el ámbito financiero y otros.
La versión que recibió media sanción en noviembre del 2020 por parte de la Cámara de Diputados, que es la defendida por los bancos, señala que para todas las operaciones, la identificación electrónica deberá utilizar medios expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica con nivel de seguridad alto.
Sin embargo, al final de abril, la Cámara de Senadores aprobó con modificación el proyecto de ley que reglamenta las transacciones electrónicas, cambiando la redacción del Art. 103, tal como defienden las empresas telefónicas.
El párrafo modificado por los senadores dice que para las operaciones “...la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica cuyos niveles de seguridad sean acorde al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la Autoridad Reguladora competente...”
Las telefónicas defienden la inclusión financiera, por las facilidades de la billetera electrónica.
Postura del MIC y el BCP
Sobre el proyecto de ley “De los Servicios de Confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”, el Ing. Lucas Sotomayor, del MIC, informó que la postura institucional de esa cartera es acompañar el dictamen del BCP, que recomienda la versión aprobada en Senado. Pero, que el nivel de seguridad para la identificación electrónica en transacciones electrónicas del ámbito financiero debería ser de un nivel de seguridad por lo menos sustancial o alta, que decidirán los órganos reguladores vía decreto.