El Ministerio Público finalmente accedió a la denuncia presentada por la abogada Gilda de Fátima Burgstaller Muñoz contra el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez por su cuestionada actitud de haber frente a la pandemia de covid-19 en nuestro país.
“A fin de optimizar la tarea fiscal en lo que hace a la investigación y esclarecimiento de los hechos que podrían resultar punibles, resulta oportuno disponer la apertura de una causa penal y disponer la intervención de los agentes fiscales Liliana Alcaraz Recalde y Francisco Cabrera, de las Unidades N° 2 y 7 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción”, señala la Resolución N° 2.208 del Ministerio Público, firmada por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, y la secretaria general del Ministerio Público, Sandra Mayeregger.
El documento señala además que el Ministerio Público abre “la apertura de una causa penal con respecto a la denuncia presentada el 28 de mayo del corriente por la Dra. Gilda de Fátima Burgstaller Muñoz para la investigación de supuestos hechos que podrían tener relevancia penal, según las consideraciones que anteceden”.
También ordenó “la remisión de todos los antecedentes para el inicio de los trámites y la comunicación correspondiente a la Dirección de Denuncias Penales y a la Oficina de Denuncias Penales que corresponde”.
Los antecedentes
La abogada Gilda de Fátima Burgstaller había presentado el pasado viernes una denuncia contra los presuntos responsables de los hechos punibles de homicidio y lesión de confianza contra el patrimonio del Estado. Es como consecuencia de la negligente o dolosa actuación del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del covid-19.
Según lo argumentado, la falta de medidas adecuadas por parte del Gobierno no solamente afectó el aspecto sanitario de la población, sino que repercutió de forma negativa sobre la economía del país ya que se registró una caída del PIB en -0,6% para 2020, con lo que arrastró una recesión económica desde 2019. Por otro lado, más de 260.000 personas se volvieron pobres en 2020, indica la denuncia.
La educación igualmente recibió un impacto negativo al no impartirse las clases de forma presencial ante la falta de medidas concretas por el Gobierno Nacional.
Piden que se soliciten informes acerca de la compra de vacunas, préstamos realizados, decretos reglamentarios del Ejecutivo sobre el coronavirus, entre otros.
La denunciante solicita que declaren ante la Fiscalía el presidente de la República Mario Abdo Benítez, Julio Mazzoleni (exministro de Salud Pública), Julio Borba (actual ministro de Salud), Benigno López (exministro de Hacienda), Óscar Llamosas (ministro de Hacienda), Euclides Acevedo (exministro del Interior), Antonio Rivas (exministro de Relaciones Exteriores), y otros.