No descartan retiro del proyecto impositivo

El senador Pedro Santa Cruz (PDP) defendió ayer el proyecto de ley “Que declara Estado de Emergencia Educativa en todo el territorio nacional y crea la Tasa Extraordinaria a las Grandes Fortunas”.

El proyecto es cuestionado por el Ministerio de Hacienda, gremios empresariales, analistas económicos, porque entre otros, lo consideran insostenible financieramente, confiscatorio e inconstitucional en lo que respecta al nuevo impuesto.

El legislador, ante las críticas, señaló que el financiamiento todavía puede ser modificado, porque ni siquiera ha sido analizado en todas las comisiones del Senado, por lo cual se puede buscar otra fuente que no sea el impuesto a las grandes fortunas.

Santa Cruz, uno de los proyectistas, explicó que la iniciativa legislativa fue creada luego de un análisis con todos los sectores educativos involucrados, pero aseguró que nada está definido y que consultarán con los técnicos e integrantes de las comisiones involucradas para determinar si se necesita introducir modificaciones. Incluso, no descartó que el proyecto sea retirado si tiene errores incorregibles.

“Tenemos las instancias de las comisiones porque necesariamente tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, por los técnicos de la Bicameral, por la Comisión de Legislación y ahí vamos a hacer la discusión sobre esto. Si hay necesidad de modificar, modificamos y si hay necesidad de retirar, se va a retirar, pero siempre tiene que haber un debate”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, había señalado a ABC el último martes, que el proyecto de ley es insostenible porque financia gastos permanentes con un impuesto transitorio, además de ratificar las críticas efectuadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) respecto a la tasa a las grandes fortunas.

El proyecto establece que el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) será incrementado de manera gradual cada año, que no podrá ser inferior al 1%, por el tiempo que dure la declaración de emergencia y hasta alcanzar como mínimo 7% del PIB estimado por el Banco Central del Paraguay.

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