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Las abogadas María Esther Roa y Carmen Rodríguez Godoy presentaron un escrito al presidente del JEM, Fernando Silva Facetti, exhortando que el Jurado tramite el enjuiciamiento de la fiscala de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña, denunciada por supuesto mal desempeño de funciones en el proceso penal por corrupción pública contra Escobar Amarilla, por supuestamente haber desviado más de G. 12.000 millones del patrimonio del Estado.
La Coordinadora de Abogados del Paraguay y “Somos Anticorrupción” reitera que Acuña no articuló los mecanismos para destrabar el caso y, si bien el 15 de diciembre de 2020 el juez Raúl Florentín rechazó la prescripción, el 25 de febrero pasado la Cámara de Apelaciones revocó la resolución, declaró la prescripción de la causa N° 1/2014 “SERGIO ESCOBAR AMARILLA Y OTROS S/LESIÓN DE CONFIANZA” y sobreseyó al extitular de Petropar.
Un informe remito por la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Quiñónez, revela que la agente Victoria Acuña urgió una sola vez a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que destrabe la causa de corrupción pública. “Esta prueba es más que suficiente para remover a la fiscal denunciada, teniendo en cuenta que el expediente en cuestión tuvo origen en el año 2014”, resaltaron las denunciantes.
En el escrito presentado ayer, las profesionales del derecho aseguran que “es evidente que el sistema de justicia penal en el ámbito de la corrupción se ha debilitado al extremo que, por sus limitaciones y deficiencias, muchos corruptos quedan impunes”. Agrega que los que los magistrados que propiciaron la impunidad no son debidamente sancionados con la remoción.
Antecedentes del caso
El 4 de marzo de 2014, la Fiscalía imputó a Escobar Amarilla, Carlos Esquivel y Leoncio González, por lesión de confianza. El 1 de agosto de 2014, la Fiscalía acusó y solicitó juicio oral, pero debido a los recursos dilatorios de los procesados, la causa fue paralizada en varias ocasiones.
El Tribunal de Apelación que decretó la prescripción de la acción penal estuvo integrado por los camaristas Gustavo Santander Dans (preopinante), Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos González (votó en disidencia).
“La causa estuvo en poder de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 13 de noviembre de 2017 hasta el 7 de octubre de 2020 por casi tres años, para poder resolver una apelación en subsidio que debió resolverse dentro del plazo de 10 días (...) los justiciables no pueden soportar el retraso prolongado que atenta contra el plazo razonable garantizado por la Constitución”, resaltó el preopinante en su voto.