Según Fúster, bajo precio de tomate para productores es por especulación y no por contrabando

“Es innegable el contrabando, pero a esa escala no; evidentemente hay una especulación con el precio de parte de los intermediarios”, afirmó el ministro de la Unidad Anticontrabando del Gobierno, Emilio Fúster, sobre el reclamo de productores frutihortícolas que denuncian el pago de precios sumamente bajos para productos como el tomate. Afirmó que desde el gobierno buscan no obstante una solución a la problemática.

Con calidad y buena presentación de los tomates nacionales buscan conquistar a los compradores.
Productores locales sobre todo de tomate se quejan de la los bajos precios para sus productos, algo que el Gobierno atribuye a la "especulación" y no al contrabando.Archivo, ABC Color

“Vamos a ver con ellos una estrategia para que puedan comercializar sin acudir a los proveedores de supermercadistas, que directamente puedan comercializar con los supermercados o los mercados de abasto de los diferentes departamentos”, dijo Fúster, ministro coordinador Ejecutivo de la Unidad Interinstitucional Prevencion y Combate al Contrabando, apuntando a que el problema según el gobierno no es por el aumento de contrabando de estos productos, sino por la especulación de los intermediarios.

“El problema es el precio, no la falta de circulación; iban y les ofrecían comprar a G. 2.500, a 3.000 y ellos quieren vender a G. 4.000, 4.500 o 5.000 el kilo su producto en finca. Tampoco el Gobierno puede regular el precio de sus productos, pero creo que vamos bien”, dijo sobre los trabajo que planean para mejorar la rentabilidad de las producción nacional.

La visión de Fúster no es la misma que la de los afectados, ya que representantes del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (CNPFP) denunciaron el auge del contrabando y incluso denunciaron influencia política para permitirlo.

El ministro sostuvo que desde el Gobierno, si bien su institución cuenta con recursos humanos y logísticos limitados para los controles, se realiza una labor interistitucional para reprimir el ingreso ilegal de productos.

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