El 24 de junio de 2020 se produjo un hito histórico para el derecho de acceso a la información pública en Paraguay. Poco después de las 08:00, la Contraloría General habilitaba el portal para comenzar a hacer públicas las Declaraciones Juradas de Bienes y Renta de las más altas autoridades de la República entre 1998 y 2017.
De esta forma, el ente contralor daba cumplimiento a la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia que puso fin a una disputa de años.
La histórica sentencia
Con un total de seis votos a favor, dos parciales y uno en contra, la máxima instancia judicial decidió en la sesión del 11 de junio de 2020 no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por el excontralor Enrique García para no cumplir dos sentencias judiciales que obligaban a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
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Después de un debate de cinco horas, finalmente se dio a conocer la sentencia definitiva en un caso que llevaba ya dos años parado.
Dos años
La acción de inconstitucionalidad rechazada por la Corte fue promovida en julio de 2018 por el entonces contralor Enrique García (imputado), contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.
El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la negativa de la Contraloría. La sentencia fue ratificada en segunda instancia.
Mitad de documentos
En total, la Contraloría General debe publicar 1.500.000 documentos, esto luego de que el juez Raúl Florentín ordenara liberar toda la base de datos basado en la decisión de la Corte.
Hasta ayer la Contraloría publicó un total de 762.494 manifestaciones de bienes; poco más de la mitad de los documentos que debería dar a conocer. Si bien inicialmente el ente contó con el apoyo de una empresa para la digitalización de las manifestaciones, ello duró apenas para las primeras 150.000 declaraciones, motivo por el cual son los funcionarios los encargados de continuar con el proceso.
Fiscalía ciega, sorda y muda
A un año de la liberación de los documentos, el Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñónez, no abrió siquiera una investigación a pesar de las numerosas publicaciones sobre los millonarios crecimientos patrimoniales de funcionarios públicos.
Por ejemplo, hasta ahora no se investigó el caso de Luis Paciello Lacasa, concejal municipal de Lambaré, quien compró inmuebles millonarios mientras declaraba ganar apenas sueldo mínimo.