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Los datos indican que las remuneraciones se incrementaron en un 2,4% de enero a junio, principalmente debido a la contratación de personal de salud para hacer frente a la pandemia de covid-19.
Según el informe de Hacienda, hasta junio del año pasado fueron desembolsados más de G. 7,8 billones (US$ 1.165,1 millones) y en el presente ejercicio fueron utilizados poco más de G. 8 billones (US$ 1.193,3 millones), lo que implica un incremento de G. 191.100 millones (US$ 28,2 millones).
En este periodo el gasto salarial se llevó el 69% de la recaudación tributaria, lo que implica que de cada G. 100 que ingresa al fisco en concepto de impuestos, G. 69 se destinan a financiar los salarios del personal público.
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Según la distribución que realiza Hacienda, G. 26 de cada G. 100 van a educación, G. 16 al sector administrativo, G. 15 a policías y militares, y G. 12 a salud.
La entidad destaca que G. 53 van para el cumplimiento de las principales funciones del Estado, como son salud, educación y seguridad. Sin embargo, en la distribución por sectores se puede notar que el segundo mayor monto se lleva el sector de funcionarios administrativos.
El año pasado, incluso, del préstamo de emergencia sanitaria se destinaron US$ 300 millones para el pago de los salarios públicos tras la caída de la recaudación como consecuencia de las restricciones establecidas en busca de aminorar los contagios con coronavirus.
Pedidos de nombramientos
En el presupuesto de la administración central más del 90% del gasto público es rígido: salarios, deuda, jubilaciones y gasto social, quedando muy poco margen para que los fondos genuinos sean dirigidos a inversiones, por lo que la ejecución de las obras se financia con endeudamiento.
Los datos del Equipo Económico revelaron que el organismo recibió en lo que va del año 3.123 pedidos de nombramientos de funcionarios, en el marco de lo que se denomina programa de “desprecarización laboral”, que no es otra cosa que el personal contratado pase a ser permanente.
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Con relación al personal de salud ya registraron unas 8.250 contrataciones de profesionales y se aplicaron unos 5.370 procesos de desprecarización, solamente en el personal de la cartera sanitaria.
En el presupuesto se tiene asignados 312.496 cargos en las diferentes instituciones públicas, lo que implica 7.692 puestos más con respecto a 2020; a lo que se suman unos 50.000 contratados.