Medidas para Alegre y Patrón, en el caso de alteración de escena del crimen de Quintana

Prohibición de salir del país y no cambiar de domicilio, fueron las disposiciones que decretó el juzgado a cargo de Amarilla Arnica, como medidas alternativas a la prisión para Alegre Irún y Patrón, en la audiencia llevada a cabo esta mañana. La fiscala Esmilda Alvarez había solicitado en su imputación, justamente, medidas alternativas a la prisión para ambos procesados.

Según la imputación, tanto Patrón como Alegre Irún habrían intentado supuestamente inutilizar datos almacenados magnéticamente en las CPU del local del PLRA, en las que son visualizados en las imágenes analizadas del circuito cerrado.

A mediados de agosto próximo, la Fiscalía debe presentar su requerimiento conclusivo (acusación o sobreseimiento). También fueron imputados por Fiscalía Olga María Paredes Brítez, Fernando Cáceres y Ramona Mabel Cantero por los hechos punibles de frustración de la ejecución y persecución penal. Sin embargo, estos últimos procesados, serían beneficiados con la prescripción de la causa, ocurrido en abril de 2017, según indicaron desde tribunales.

La fiscala Álvarez había concluido en su imputación que las conductas verificadas de Patrón y Alegre Irún son determinantes en cuanto a las imágenes constatadas en el video de circuito cerrado del local del PLRA, ya que se los ve moviendo equipos informáticos de un lugar a otro, poco después de que se haya registrado el asesinato de Quintana, dentro de la sede partidaria.

La agente del Ministerio Público aseguró que el hecho “es una evidente manipulación y modificación de la escena del crimen”, ya que tras el crimen del joven también se cambiaron de lugar algunos casquillos y otros fueron reemplazados.

Todos estos hechos fueron perpetrados durante las manifestaciones del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, en las movilizaciones ciudadanas contra la intención del entonces presidente de la república Horacio Cartes, de volver a candidatarse por un nuevo periodo a pesar de la prohibición constitucional.