El conflicto de tierras que afecta a Puerto Casado, en el departamento de Alto Paraguay, lleva ya varias décadas.
Las empresas Atenil Paraguay y Victoria S.A. son administradoras de más de 400.000 hectáreas de tierra pertenecientes a los herederos del fallecido reverendo Moon. Los pobladores agrupados en la Comisión Protierra hace más de 20 años llevan adelante la lucha para acceder a un pedazo de tierra en el lugar donde dicen que viven hace más de 80 años.
Recientemente, la presidenta del Indert, Gail Gina González, decidió revocar por medio de una resolución la colonización de hecho de las 35.000 ha a favor de los pobladores, disposición tomada por las anteriores autoridades del ente.
Esto generó posturas encontradas hasta entre autoridades de la Iglesia Católica.
González decidió ponerle freno a una resolución firmada por el imputado Mario Vega, su predecesor en el cargo, que declaró colonia de hecho unas 35.000 hectáreas de la zona, lo que hubiera facilitado las invasiones de avivados que nada tienen que ver con el reclamo de los pobladores y que de hecho ya tratan de instalarse allí con actores políticos.
Rechazaron donación
En 2005, durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, el Estado decidió rechazar una donación de 30.000 hectáreas entregada por Victoria SA a cambio de preservar lo que se pretendía expropiar de su propiedad.
Lo curioso del caso es que quienes impulsan las invasiones y los reclamos de las tierras por supuestamente tratarse de latifundio improductivo son los mismos que se han visto beneficiados con las donaciones de propiedad realizadas con anterioridad.
Es el caso del gobernador Domingo Adorno (ANR), quien es propietario de un establecimiento levantado sobre propiedades loteadas tras donaciones de los herederoes de la Secta Moon.
En concreto, la Secta donó unas 30.000 hectáreas a la municipalidad de Puerto Casado para que se puedan distribuir entre los pobladores del casco urbano y algunos asentamientos en los alrededores de la ciudad.
Sin embargo, la comuna nunca realizó el proceso de titulación y las tierras qudaron en manos del Indert. Es sobre esas propiedades ya donadas que se levantaron los asentamientos de hecho, según fuentes del Alto Paraguay y el Indert.
Sin embargo, ahora se busca instalar la idea de que los asentamientos están levantados sobre otra propiedad. De hecho, esas tierras ya donadas terminaron convertidas en estancias de varios políticos de la zona que ahora impulsan el pedido de más propiedades privadas.
El Comité de Iglesias, con Mons. Mario Melanio Medina, emitió un comunicado de apoyo a lo resuelto por la titular del Indert, repudiando las acciones motivadas por intereses oscuros que conspiran contra la democracia y los fines legítimos del estado de derecho.
Monseñor Medina señala que tiene la información de que detrás de la posesión de estas tierras están varios políticos de la zona que buscan quedarse con una fracción. Mencionó estar a favor de que los verdaderos beneficiarios de la reforma agraria puedan acceder a un pedazo de tierra que por ley les corresponde.
Apoyó la decisión de la presidenta del Indert, que tuvo el coraje de evitar que personas ajenas a la reforma agraria puedan acceder a esas tierras, al tiempo de alentar a que se haga las cosas tal cual manda la ley y “que verdaderamente los compatriotas beneficiarios puedan legalizar sus tierras propias, pero no los políticos oportunistas”, dice el comunicado del obispo.