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El principal cuestionamiento del Ejecutivo a la ley conocida popularmente como de “autoblindaje” es que los diputados y senadores pretenden modificar la Constitución por ley y establecer que para la expulsión de un parlamentario se requiera de una mayoría absoluta de dos tercios, es decir 30 votos en la Cámara de Senadores y 53 votos en Cámara de Diputados.
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Sin embargo, el artículo 201 de la Constitución no menciona ninguna mayoría calificada, por lo cual se debe aplicar el artículo 185 de la misma Carta Magna que dispone que, en esos casos, se entenderá que es por mayoría simple de votos, es decir la mitad más uno de senadores presentes en la sala.
Para rechazar el veto, cada una de las cámaras debe reunir mayoría absoluta de votos: 23 en el Senado y 41 en Cámara de Diputados. De no reunir alguna de las cámaras ese número, el veto quedará firme.
La comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá mañana para dictaminar sobre el veto.
Según el artículo 201 de la Constitución, la pérdida de investidura de un legislador se aplica en caso de uso indebido de influencias fehacientemente comprobado o violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
En el actual periodo legislativo (2018-2023), es la segunda vez que los legisladores sancionan una ley que busca elevar las mayorías requeridas para establecer un " blindaje” de votos y dificultar las expulsiones en ambas cámaras del Congreso.
No obstante, las expulsiones concretas hasta ahora tuvieron una amplia mayoría, como los senadores cartistas Víctor Bogado y Óscar González Daher; los liberales María Bajac y Dionisio Amarilla, y el diputado Carlos Portillo (PLRA).