El Poder Ejecutivo objeta ley que busca identificar a vendedores de chips

El Poder Ejecutivo objetó totalmente el proyecto de ley que pretende establecer la identificación del agente que vendía un chip de teléfono celular al igual que al comprador.

El Ejecutivo rechaza que las empresas telefónicas accedan a los datos de la Policía para identificar al comprador de chips y al agente que vende.
El Ejecutivo rechaza que las empresas telefónicas accedan a los datos de la Policía para identificar al comprador de chips y al agente que vende.Ministerio de Justicia

Mediante el decreto N° 5780, el Presidente de la República objetó totalmente el proyecto de ley N° 6777/2021 que modifica el artículo 1° de la ley N° 2340/2003 que a su vez amplía la ley N° 1334/1998 de Defensa del Consumidor y Usuario.

En la argumentación, el Poder Ejecutivo cuestiona que el agente de venta responsable de la comercialización deba recabar datos del comprador y que responderá por la veracidad de los datos consignados, sin perjuicio de la responsabilidad que correspondería al operador.

“Como mecanismo de instrumentación de aquello se establece el acceso a la base de datos del Departamento de Identificaciones de la Policía, fuente de información donde, de acuerdo con el precepto cuya entrada en vigor es pretendida, se podría corroborar las identidades de las personas compradoras”, indica.

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La objeción es argumentada porque en el artículo 33 de la Constitución Nacional se garantiza el derecho a la protección de la intimidad de las personas.

También cita la ley N° 6534 de Protección de Datos Personales, normativa que aunque se centre en los datos crediticios es de aplicación obligatoria en el tratamiento de informaciones personales almacenadas en registros públicos y prohíbe la publicidad o difusión de datos sensibles.

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Rechaza además, que las operadoras telefónicas tengan acceso a los datos de la Policía Nacional. “A primera vista, resulta inadmisible pensar que el Estado, que organiza su actuación en función del ejercicio y goce de derechos de sus ciudadanos, comparta este tipo de información con organizaciones empresariales privadas”, asevera.

Con la objeción, la propuesta de ley vuelve al Congreso Nacional donde los legisladores deberán analizar los argumentos del Poder Ejecutivo para aceptarla o rechazarla.

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