Fianza real de G. 200 millones -a ser depositada en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento a nombre del juicio- prohibición de cambiar de domicilio, de número de celular y salir del país sin autorización del Juzgado, son las medidas establecidas por el magistrado para el Ing. Pedro Ferreira.
Ferreira y el empresario Francisco Griño fueron imputados por la fiscala Stella Mary Cano por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, además de apropiación y declaración falsa.
Es a raíz de una denuncia realizada por Julio Lesme y Ana Brun de Lesme, socios de la firma T y C Construcciones, sobre supuesta apropiación ilegal de acciones y otras actuaciones irregulares referentes a la administración de la citada empresa.
La imputación refiere que la denunciante, Ana Brun, esposa de Julio Ramón Lesme y también accionista de T&C SA, afirmó que Griñó y Ferreira justificaron estos pagos con facturas y documentos falsos presentados en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Sin embargo, no hicieron las transferencias que debían a los ahora denunciantes.
La denunciante agregó que, además de pedírseles factura a crédito y no cobrar su esposo los salarios que le correspondían (cerca de 10 pagos que totalizaron G. 2.753 millones), tampoco percibieron el dinero por las utilidades de la empresa entre 2018 y 2019, una suma que asciende a G. 17.536 millones, por lo que el supuesto perjuicio para el matrimonio Lesme-Brun ascendería a G. 20.289 millones.
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“Jamás he producido un documento falso”
“Es una denuncia que no tiene ningún sentido ni presentan ninguna prueba. Jamás he producido un documento falso, no puede haber ninguna prueba del hecho porque nunca produje un documento así. Me parece que la fiscala no hizo lo que tenía que hacer para aclarar el caso”, dijo Ferreira, tras comentar que es un problema de una empresa privada que está en discusión en el ámbito civil, por cuestiones suscitadas antes de su ingreso a la empresa.
Cano fue recusado por Griño y en la audiencia realizada ayer, el Ministerio Público fue representado por la fiscala Estefanía González.