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No están en direcciones declaradas
El informe preliminar de revisión especial de la Senac y la AGPE también detectó que varias de las empresas, cuyas facturas aparecen en la rendición de cuentas de la ONG CIAP, no están en las direcciones declaradas.
Este es el caso de MAIS SRL que figura con una factura por G. 143 millones, por construcción y mantenimiento de espacios públicos, estudio de suelo, contratación de fiscalizador, seguridad (sereno), entre otros.
La empresa, sin embargo, no existe en la dirección declarada, es más, una persona que no quiso identificarse al equipo auditor cuando contactó en el número indicado en el comprobante dijo que no hubo pago alguno de la fundación y los comprobantes fueron anulados.
Otro caso curioso es de Óscar Morel Oses que figura con facturas por más de G. 1.230 millones. En la dirección declarada en el comprobante está un depósito abandonado, sin embargo, Morel Oses vía telefónica confirmó la realización de obras, según los auditores.
E&D Servicios de Delio Eloy Martínez es otra firma. Esta empresa aparece con una factura por G. 69 millones, pero no está en la dirección declarada ni el supuesto propietario respondió las llamadas, de acuerdo al informe.
Otros casos son de Augusto M. Barrail, Caresas (Carlos Rojas Orué), JL Servicios SA-Trinity Soluciones Constructivas, Grau Constructora (José Félix Grau) y Asunción Ofertas (Édgar Arriola), que ninguna están en las direcciones declaradas.
Falsificación de varios comprobantes de venta
Distribuidora Santo Domingo de Emilia Ovelar confirmó al equipo auditor de la Senac y AGPE la clonación de dos facturas por un total de G. 278 millones. Los propietarios ya realizaron la denuncia ante la Fiscalía de Caacupé. Las facturas originales pertenecen a otros clientes y totalizan apenas G. 8.137.000.
Comercial 2M, de Marco Gabriel Maldonado Alvarenga, también confirma que la falsificación de su factura Nº 001-001-0004427 de G. 1.000.000. El comprobante original pertenece a otro cliente y el monto por el cual fue expedido es de G. 50.000.
Librería 4 Hermanos, de Silvano Roberto Cantero Medina, igualmente confirmó clonación. Las facturas apócrifas son por G. 14 millones y los originales que pertenecen a otros clientes totalizan G. 53.000.
VR Ingeniería SA, asimismo, confirmó clonación de sus comprobantes por G. 36 millones. Por último, AR Electricidad confirmó clonación de sus facturas por G. 14 millones. La original es de G. 783.359.
Pago de salarios a los funcionarios contratados
El informe preliminar de revisión especial también confirma el hallazgo de facturas por pagos de salarios a funcionarios contratados de la Gobernación de Central. Los comprobantes, incluso, fueron expedidos entre noviembre y diciembre del 2020 antes de que la ONG CIAP reciba los fondos de emergencia por covid, según la documentación.
Las facturas por servicios personales están a nombre de Luz Diana Garcete por G. 2.500.000, Osvaldo Ruiz Cristaldo por G. 3.000.000, Orlando Peralta Escurra por G. 2.500.000 y Lorena Laterra por G. 2.500.000.
Niega cobro
Por otro lado, el consultor Antonio Arpea negó al equipo auditor de la Senac y la AGPE el cobro de G. 65 millones por parte de CIAP, tal como presentó en su rendición de cuentas.
La ONG presentó comprobante de Arpea por la realización de un estudio de impacto ambiental, pero son a crédito sin el recibo respectivo, según el resultado del análisis.
Estatuto de CIAP no prevé realizar obras
Un rosario de irregularidades revela el informe preliminar de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) sobre el uso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) entregados por el Poder Ejecutivo a Gobernación de Central, a cargo del cartista y exanimador de fiestas Hugo Javier González. El dinero público fue transferido en el marco de la Ley Nº 6641/2020 “De apoyo financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.
Más de G. 5.105 millones de estos recursos terminaron en manos del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Álvarez; mientras que G. 1.276 millones se entregó al Consejo Regional de Salud, a cargo del doctor Hugo Cabrera.
La institución departamental transfirió los recursos a la ONG CIAP para la realización de obras de infraestructura diversas, como empedrados, asfaltados y otros, según la rendición de cuentas.
El informe preliminar de la Senac y de la AGPE, sin embargo, revela que dicha transferencia no es consistente con la “naturaleza de la fundación” establecido en su estatuto social.
La fundación CIAP, según su constitución, tiene como finalidad apoyar a futuros profesionales de diversas disciplinas, la promoción de los valores sociales e individuales, la provisión de equipos u otros bienes de los centros de formación y de capacitación y cualquier otra acción licitada que “concuerde con su finalidad y objetivos”. Es decir, la realización de obras no está especificada.
Incluso, según los auditores, no se tiene informe sobre la experiencia y conocimiento necesarios de la ONG, así como la capacidad técnica, solvencia económica y adecuada cantidad de recursos humanos para realizar trabajos de infraestructuras o cualquier otra actividad que no se relacione con su objetivo, misión y alcance.
El estatuto no fue modificado desde su reconocimiento en el año 2016, agrega el documento.
Llamativamente, pese a este pequeño gran detalle CIAP viene recibiendo desde el año 2019 fondos de la Gobernación de Central para la realización de supuestas obras diversas en el departamento.
Descargo hasta el miércoles 25
El informe preliminar de la Senac y AGPE fue remitido el miércoles último al gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), para el descargo correspondiente. El plazo para la presentación de los argumentos es de cinco días hábiles, es decir, hasta este miércoles 25 de agosto, según la documentación.
ABC intentó ayer obtener la versión del jefe departamental, pero su teléfono celular estaba apagado. González en otras ocasiones defendió las transferencias realizadas a la ONG.