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Sobran elementos para imputación en escándalo de Gobernación de Central

Este artículo tiene 5 años de antigüedad
Hugo Javier González,   gobernador de Central y exanimador de fiestas que recibió G. 6.382 millones del fondo de emergencia.
Hugo Javier González, gobernador de Central y exanimador de fiestas que recibió G. 6.382 millones del fondo de emergencia.Archivo, ABC Color

El ministro anticorrupción René Fernández aseguró que a partir del lapidario resultado del informe preliminar de revisión sobre el uso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia por el covid-19 sobran elementos para una imputación. Afirmó que el gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González , no puede huir de su responsabilidad.

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El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, confirmó ayer la catarata de irregularidades detectada durante la revisión especial del uso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) entregados a la Gobernación de Central, a cargo del cartista y exanimador de fiestas Hugo Javier González. Los recursos corresponden al fondo de emergencia por el covid-19.

Fernández, que formó parte del Ministerio Público por casi 20 años siendo su trabajo más relevante la que cumplió al frente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, señaló que existen elementos suficientes para una imputación por varios hechos punibles. “Se trata de los mismos hechos que mencionamos en la denuncia que presentamos el 8 de julio pasado, como declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal”, detalló.

El ministro expresó que también existen suficientes indicios de lesión de confianza.

Fernández no quiso nombrar quién o quiénes deberían estar ya imputados por los escandalosos acontecimientos. Sin embargo, dijo que el gobernador Hugo

Javier no puede huir de su responsabilidad sobre el control del gasto de las transferencias realizadas.

“La obligación es de la Gobernación no de la ONG”, respondió en forma categórica.

Indicó que la ley le impone a la Gobernación a rendir cuentas. “Es relevante de qué forma ejecuta los fondos la entidad pública. La obligación es de la entidad pública. La entidad pública y la ONG pueden pactar la forma en que van a rendir cuentas, pero el primero que tiene que rendir cuentas es la entidad pública”, expresó.

Fernández explicó que la entidad pública es responsable desde todo punto de vista porque los fondos son asignados a la entidad pública.

“Es responsabilidad del administrador hacer dictamen o un estudio de la capacidad financiera, de la capacidad logística, de la legalidad de la actuación de la entidad o de la persona física a la que le va a entregar los fondos”, añadió.

El informe preliminar de revisión de la Senac y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) desnudó un torrente de irregularidades en la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos entregados por el Poder Ejecutivo a la Gobernación de Central.

Facturas clonadas, empresas “fantasmas” y transferencias irregulares son algunas de las irregularidades detectadas.

El jefe departamental, en un intento por lavarse las manos sobre los hechos, adujo que G. 5.105 millones entregó al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Álvarez; mientras que G. 1.276 millones estuvieron manejados por el Consejo Regional de Salud, a cargo del doctor Hugo Cabrera.

El informe señala además que los desembolsos a la ONG CIAP se realizaron

pese a que los estatutos de esta última no contemplan la realización de obras viales. Igualmente, ratifica que el Consejo Regional de Salud no está reconocido por la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud Pública.

Una de las favoritas del número 2

CIAP se convirtió en los últimos dos años en una de las ONG favoritas de la Gobernación de Central, a cargo Hugo Javier González, a la hora de recibir recursos monetarios. Solo en el año 2019 logró ser beneficiada con G. 6.539 millones para la implementación de diferentes proyectos y obras.

La Dirección General de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República (CGR), había observado en diciembre de 2020 a la institución departamental sobre las innumerables irregularidades detectadas en las transferencias a entidades sin fines de lucro.

Algunas de las observaciones fueron que la Gobernación no presentó a la CGR en el plazo establecido el listado de las organizaciones sin fines de lucro beneficiadas con recursos estatales y la emisión a favor de CIAP de 17 cheques por G. 6.539 millones en fechas consecutivas y en contravención a la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación.

gladys.villalba@abc.com.py

juan.jara@abc.com.py

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