El Ejecutivo otorgó el año pasado a la Gobernación de Central, administrada por el cartista y exanimador de fiestas, Hugo Javier González (ANR, HC), US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones, cambio correspondiente a finales del 2020), para la reactivación económica del Departamento durante la pandemia.
El colorado cartista Hugo Javier repartió el dinero entre la ONG CIAP, presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo, que recibió G. 5.105 millones para la construcción de obras de infraestructura y otros G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, presidida por Hugo Cabrera, para el apoyo a hospitales.
En ambas rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas, empresas fantasmas, compras dudosas, facturas a crédito sin recibos de dinero, entre otras irregularidades.
En el informe preliminar de la auditoría realizada por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), se observa un rosario de irregularidades de las cuales el gobernador se desentiende.
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Los auditores insisten en “una severa inconsistencia entre el objeto del convenio y el objeto social de la fundación CIAP, puesto que debió existir (previamente) una modificación en su estatuto social que le permita realizar tales labores”. Pues, la naturaleza de la ONG CIAP dice que las principales funciones de la organización se basan en la formación de profesionales y capacitación en general. Sin embargo, “la Gobernación del Departamento de Central le ha otorgado G. 5.105.600.000 para construcción y mantenimiento de espacios públicos y pavimentación asfáltica tipo empedrado”, dice el informe.
Ante esta situación la Senac y la AGPE, refieren que al no existir una modificación del estatuto se infiere en la existencia una posible irregularidad en la selección de la Gobernación para la administración de los fondos transferidos a la fundación.
En alusión al gobernador Hugo Javier, manifiestan que “como buen administrador debió controlar con mucha más rigurosidad la ejecución de los fondos, a fin de evitar irregularidades que pudieran desembocar en un perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo”.
Elementos para la imputación
El ministro anticorrupción René Fernández aseguró que a partir del lapidario resultado del informe preliminar de revisión sobre el uso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia por el covid-19, sobran elementos para una imputación. Afirmó que el gobernador Hugo Javier González no puede huir de su responsabilidad.