Fiscal fija audiencia a consultor de empresa para declarar caso arroyo Caañabé-Lago Ypoá

El representante legal de la firma procesadora de cuero vacuno y subproducto, Durli Leathers S.A, Paulo Antonio Fell, fue denunciado por el ingeniero ecólogo Juan Valentín García Miró, el pasado 9 de agosto, por el presunto hecho de procesamiento ilícito de desechos industriales. Fue ante el derrame de un líquido de color rosado que se observaba en el predio de unas dos hectáreas y donde también los lugareños se quejaban del olor nauseabundo que se percibía desde el lugar.

Sobre la causa que lleva el fiscal Rojas, dijo que estaba aguardando para que el Mades le informe sobre la Declaración de Impacto Ambiental, las muestras que levantaron del lugar y de acuerdo a eso se fijó la primera audiencia con el consultor de la firma que deberá declarar sobre lo que ocurrió en el inmueble.

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En averiguación de la denuncia los fiscalizadores del Mades se constituyeron hasta la empresa Leathers S.A ubicada en el kilómetro 84, PY01, Mariscal Francisco Solano López. Y encontraron mal procesamiento de los desechos industriales por lo que se dictó la resolución N°260, por la que se dispuso la suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental y la segunda resolución N°264 que recomendó a la firma eliminar en su totalidad el líquido de color rosado que se encuentra dentro del inmueble, remover totalmente los taludes y restituir en las condiciones naturales del área.

En una segunda visita que realizaron los fiscalizadores de Mades para verificar los avances de los trabajos de remediación que debían realizar en el lugar donde hubo derrame de líquido color rosado, y la verificación del cumplimiento de la suspensión de actividades.

Los técnicos constataron que pese a tener la licencia suspendida seguían trabajando y no pudieron ingresar hacia el sector del predio de dos hectáreas porque los directivos no les permitieron.

Esta situación motivó una tercera intervención que realizaron mediante un allanamiento que acompañaron a la fiscal Lisa Martínez, que con el mandamiento del juez de Ybycuí, Guillermo Ortega, ingresaron y observaron que había menos agua, pero que en vez de retirar el líquido estaban mezclando con el lodo y que dicho procedimiento no fue lo recomendado por el Mades. De acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental, tenían aprobado para fertirriego, pero en el predio no se observa cultivo alguno, afirmó el director de Fiscalización del Mades, Marecos.

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Asimismo, el 14 de agosto pasado ante la denuncia realizada por el senador liberal Blas Llano ante la plenaria de la Cámara Alta que el lago Ypoá está al borde de un eventual desastre ecológico por el derrame de desechos industriales de color rojizo en el predio de la procesadora de cuero y subproductos Durli Leathers S.A. El caso fue girado a la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Senado. Ante dicha situación, los técnicos ambientales acompañados por la Comisión “Defensores del Caañabé” se constituyeron en la cuenca del arroyo Caañabé para levantar informe.

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Los técnicos no pudieron ingresar al inmueble y la inspección fue realizada a través de una propiedad colindante a la empresa Durli Leathers S.A., donde se pudo constatar que a una semana de lo denunciado seguía en el lugar gran cantidad de líquido que estaba protegido con talud de arena y que aparentemente en la medida que van cargado con líquido se va alzando más el montículo de arena.

Todas estas intervenciones se realizaron porque no hubo un seguimiento ni fiscalización de la Declaración del Impacto Ambiental, y Durli Leathers S.A. es una de las empresas que estarían en infracción ambiental y en esa situación existirían, además, curtidurías, mataderos, lavaderos, destilerías y chacinerías que están ubicados sobre la cuenca de arroyo Caañabé, que desemboca en los humedales del lago Ypoá.

La protección y preservación del Ypoá debe ser una preocupación de las autoridades interinstitucionales, el Mades y la Fiscalía para hacer cumplir las leyes ambientales y las demás entidades cuentan con técnicos para medir la contaminación del agua, para buscar corregir lo que falta y de esa forma evitar que en menos de 10 años se tenga que perder el Ypoá.