¿Quienes son los verdaderos culpables?

Lo ocurrido frente al Mercado de Abasto, en donde una adolescente de 14 años se vio envuelta en el robo de una riñonera a un vendedor de chipas y que terminó con la muerte del señor, interpela una vez más a la sociedad, al Estado y a las autoridades nacionales.

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El programa PAINAC había detectado a la niña en situación de calle cuando esta tenía 12 años de edad, y en el abordaje encontraron que estaba embarazada. Producto del trabajo hecho, la niña regresó a su hogar quedando bajo el cuidado de su madre y la patria potestad del bebé fue concedida también a la misma.

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Pura Zayas, coordinadora general de la Asociación Callescuela manifestó que lamentan profundamente que la niña de 14 años haya llegado a esa situación ante el abandono y el sometimiento a la explotación, a las drogas y a vivir en las calles desde tan corta edad.

“Desde hace muchos años con Callescuela venimos proponiendo y exigiendo que existan programas de atención directa desde la política pública para intervenir en la situación de la niñez que viven en las calles. Programa que debe ser parte de un Sistema de Protección Integral, en el que instituciones del gobierno central y local funcionen articuladamente”.

Según Zayas, “en el Mercado existen más de 200 niños, niñas y adolescentes que trabajan en los diferentes horarios, que requieren de los programas de protección social, justamente para evitar que pasen a ser víctimas del microtráfico y de adultos que los explotan. El problema de la pobreza, y la desigualdad no se resuelven solo con programas puntuales, transitorios y desarticulados, se requiere llegar con toda la fuerza institucional y a tiempo, en la vida de los niños, niñas y adolescentes”, agregó.

Falta de presupuesto público

“Este hecho terrible es un ejemplo claro de cómo el sistema de prevención y protección de derechos de la niñez y la adolescencia de Paraguay falla en todos sus niveles, debido a la falta de presupuesto público, pero también al vacío de contenido de la oferta pública de los servicios sociales; junto con el bajo compromiso de los gobiernos locales en la gestión de acciones de nivel comunitario para atender a la niñez y la adolescencia”, criticó Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la CDIA (Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia).

“Nos encontramos ante un escenario en donde el Estado de nuevo ha fallado: adolescente, mujer, en pobreza, en situación de calle, con problemas de consumo de drogas, con un bebé, con relaciones no paritarias con personas adultas. Una cadena de omisiones, que la llevan a estar en una posición que seguro nunca buscó ni se imaginó. El MINNA debe revisar de modo urgente su modelo de abordaje, ante esta situación. Es factible afirmar que le falló su familia, la sociedad y el Estado, tanto la adolescente como al hombre asesinado. Una cadena de omisiones e inacciones, que tienen este desenlace criminal”, señaló Cabrera.

En Paraguay, una persona adolescente, es imputable, o reprochable penalmente, a partir de los 14 años de edad. Cerca del 80% de los adolescentes en privación de libertad tienen problemas de consumo de drogas ilícitas, en su mayoría vienen de comunidades en pobreza y familias desestructuradas, y más de 90% son adolescentes hombres.

Fortalecer los programas

Para la organización Callescuela, el programa PAINAC es necesario, importante, un modelo de intervención social, que una vez más demuestra que requiere ser fortalecido.

“Es evidente que se necesita mayor inversión en recursos humanos, educadores de calle y dispositivos de atención. Ampliar horarios y cobertura. El Mercado de Abasto y sus alrededores funciona las 24 horas”, enfatizó.

Para Zayas urge un centro de desintoxicación con camas disponibles, más funcionarios calificados para el abordaje de este tipo de problemáticas. Así como intervención de las instituciones responsables del control del tráfico y microtráficos de drogas, y de delitos.