Según los proyectistas, la norma pretende elevar las penas a los funcionarios que usen bienes estatales en sus campañas electorales. Sin embargo, para los Diputados la propuesta se basaba en una ley ya derogada e inaplicable; viola numerosos principios constitucionales; usa términos vagos y las penas ya están establecidas en el Código Penal.

Rocío Vallejo (PPQ), titular de la Comisión Bicameral de reforma del Código penal, señaló que el proyecto de Riera busca modificar la Ley 2880/2006 siendo que está derogada. En su exposición señaló que todos los artículos violaban leyes y códigos vigentes.

Rocío Abed (cartista) calificó a Riera de terco, ya que es el segundo intento de presentar la propuesta basada en una ley derogada.

Jorge Ávalos Mariño (PLRA) se sumó a la moción de rechazo. Kattya González (PEN) dijo que si bien coincide con el rechazo y las críticas contra los proyectistas, señaló que desde el punto de vista político hace falta que el Paraguay aplique las sanciones contra corruptos.

Eusebio Alvarenga (PLRA) dijo que urge ejecutar las leyes vigentes de lucha contra la corrupción y repudió la actuación de la justicia en las últimas condenas a corruptos.

Celeste Amarilla (PLRA) despotricó contra políticos que roban al Estado y dijo que los corruptos inician en las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC).