Denuncian torturas a adolescentes privados de su libertad mientras que Ministerio de Justicia sostiene que son datos desactualizados

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura resaltó recientemente los hallazgos y recomendaciones institucionales realizadas para avanzar hacia la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de encierro, en centros educativos y hogares de abrigo, durante un encuentro virtual organizado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). Esto fue en el marco de una charla en la que participaron diversas instancias del Estado, incluidos el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el propio Ministerio de Justicia y otros.

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La abogada Sonia Von Lepel del MNPT afirma en el estudio basado en datos de diferentes años, como el 2014 y el 2017, que la mayoría de los entornos familiares en donde nacieron y crecieron los niños, niñas y adolescentes corresponden a familias en condiciones socioeconómicas adversas.

Según los datos revelados y comparados, el 43 % de los y las adolescentes en privación de libertad tiene familias que forman parte de programas nacionales contra la pobreza, el 30% tiene algún familiar privado de libertad y el 13% vivió alguna vez en una entidad de abrigo.

Al someter a los y las adolescentes al encierro, se genera una ruptura de su capital social, ya que 4 de cada 10 no reciben visitas de sus familiares y 9 de cada 10 no recibe visitas de sus amistades. El 90 % no completó la educación primaria obligatoria y solamente la mitad tiene cédula de identidad.

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Antes de ser privados de libertad, el 82% de los adolescentes tenía alguna ocupación y el 60% no estudiaba: el 30% trabajaba de ayudante de albañil, 11% estaba en la calle pidiendo limosna, 10% era agricultor, 10% era ayudante de mecánico, 9% era vendedor ambulante.

Maltrato por parte de policías

Según la presentación de Von Lepel y de acuerdo a los análisis realizados en base a los documentos de los años citados, al momento de la aprehensión, el 75% de los y las adolescentes recibió maltrato físico por parte de policías y, durante su estadía en el Centro Educativo, el 58% recibió maltrato físico por parte de los guardias, jefes de guardia o del director.

“Los y las adolescentes son sometidos sistemáticamente a torturas y maltratos en los centros educativos, así como a degradaciones, sanciones ilegales, castigos arbitrarios, ya sea por parte de los y las funcionarias o por parte de sus pares adolescentes. El Ministerio de Justicia debe establecer mecanismos de denuncia y medidas de protección para los adolescentes; que los hechos no queden impunes”, señala Sonia Von Lepel.

Informan que fuera de la educación formal (inacabada), el mayor contacto con el Estado se dio a través de las fuerzas represivas. Con relación a la violencia contra la mujer, todas las mujeres que fueron incluidas en la investigación refirieron haber sido víctimas de algún tipo de violencia.

Actualmente, el 76% de los adolescentes varones y el 82% de las adolescentes mujeres se encuentran con prisión preventiva, es decir, sin condena, agrega en su presentación. Asimismo revela que el 63% está privado de libertad por hechos punibles contra la propiedad de carácter bagatelario (hurtos y robos simples), y 13% por hechos asociados a la dependencia, consumo o microtráfico de sustancias ilícitas.

En promedio, los adolescentes se encuentran 5 meses en los Centros Educativos.

Disminución de población privada de su libertad desde el 2014 a la fecha

Von Lepel refiere además que “se observa que la población contó con una importante disminución con el paso de los años, considerando que, en el mes de julio de 2014, al inicio de la serie comparada, el número de la población se encontraba en 367 adolescentes en privación de libertad, y en la actualidad, al 25 de junio de 2021, la misma se encuentra en 212 adolescentes privados de libertad.

“Se tiene que vincular con qué se relacionan estas bajas, es decir, identificar si es resultado del impacto de acciones realizadas, cuáles son esas intervenciones o si los adolescentes cometen menos delitos; hacer un cruzamiento de información dentro del sistema de Justicia”, sostuvo Von Lepel.

“Información desacualizada”

Por su parte la ministra de Justicia, Cecilia Pérez opina que el estudio comparativo que utiliza datos del 2014 y 2017 y los extrapola a la actualidad, es “una información desactualizada”.

“El Mecanismo pasó un informe del 2014, no es una información actualizada. Ellos no actualizaron su información, en su anuario que ellos después hacen referencia, la única información que actualizaron es la población adolescente penitenciaria. Hoy tenemos 189 adolescentes privados de libertad a nivel país, en donde más adolescentes en contexto de encierro se tiene es el Centro Educativo Itauguá”.

“No voy a negar que haya violencia”

“Yo no voy a negar que haya violencia o malos tratos hacia los adolescentes, nosotros mismos formulamos las denuncias, hacemos la denuncia, inclusive hacemos sumarios administrativos que quedan suspendidos a la espera de la denuncia penal”, dijo también la ministra Cecilia Pérez.

Agregó que los datos de los adolescentes en situación penitenciaria, que refiere el MNTP desde que comenzó la pandemia son similares a sus estadísticas en cuanto a cuáles son los hechos punibles (hurto agravado, robo agravado, perteneciente a los hechos punibles contra los bienes de las personas) le siguen el homicidio doloso y la violencia familiar.

“También nosotros trabajamos en hacerle un seguimiento desde el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI), y justamente estamos trabajando con el consultor de la Agencia Española Internacional, para fortalecer las medidas no privativas de libertad para hacer seguimientos desde la SENAAI en la comunidad, en su entorno familiar, en todas las condiciones en las cuales ellos puedan volver a su comunidad, para evitar que por supuesto vuelvan a reingresar en las penitenciarias”.